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Costa Rica tiene hoy una oportunidad que no conviene desperdiciar. El expediente 23.414 propone transformar el sector eléctrico: crear un Mercado Eléctrico Nacional con múltiples agentes, separar la operación técnica del ICE de su rol comercial y abrir la generación y comercialización a la competencia regulada. El debate que ha generado lo confirma: la pregunta no es si Costa Rica debe modernizar su sector eléctrico. La pregunta es cómo hacerlo bien.
El modelo actual tiene virtudes reales: cobertura universal superior al 99%, una matriz renovable envidiable, décadas de estabilidad en el suministro. Pero acumula rigideces que el país ya no puede ignorar. El ICE carga simultáneamente con funciones de generador, operador del sistema, administrador del mercado y proveedor de último recurso. Esa concentración genera conflictos de interés que limitan la inversión privada en nuevas tecnologías, reducen los incentivos a la eficiencia y frenan la incorporación de generación distribuida, almacenamiento y soluciones que la transición energética global ya exige.
Dónde sí compete el mercado, y dónde no
La clave está en entender que no todas las actividades del sector son iguales ante la competencia. La transmisión y la distribución son monopolios naturales: deben permanecer como infraestructura pública regulada, con acceso abierto y tarifas supervisadas. Pero la generación y la comercialización son distintas: ahí sí puede operar la competencia, y, con ella, la eficiencia, la innovación y la reducción de costos. Romper parcialmente el monopolio en esos eslabones –no en todos– es lo que distingue una reforma razonable de una privatización encubierta.
Lo que enseña el mundo: el problema no es el mercado
La experiencia internacional respalda esta distinción.
Chile logró reducir drásticamente los precios para energías renovables mediante subastas competitivas –según documentó el Centro de Competencia de la UAI en 2022–, aunque la saturación de la red de transmisión generó desacoples que comprometieron la viabilidad de varios generadores renovables.
Colombia introdujo competencia en generación sin desmantelar el rol planificador del Estado, articulando mercados regulados y libres bajo supervisión de la CREG, un modelo que la doctrina colombiana ha identificado como referente de coexistencia entre regulación técnica y derecho de la competencia (Plata Puyana & de Greiff Correa, 2023).
Los mercados nórdicos, articulados en torno al Nord Pool desde los años 90, demuestran que la integración regional y la neutralidad del operador de red permiten gestionar con eficiencia matrices con alta intermitencia renovable (Nord Pool, 2020).
Los casos que fracasaron (California en 2001, el Reino Unido en 2021) no son argumentos contra la apertura: son argumentos contra la apertura mal diseñada.
En California, la prohibición de contratos de largo plazo obligó a comprar toda la energía en el mercado spot, lo que abrió la puerta a la manipulación de precios y derivó en apagones masivos y la quiebra de la mayor distribuidora del Estado.
En el Reino Unido, un tope tarifario incoherente con los costos reales del gas mayorista precipitó la quiebra de 29 comercializadoras entre 2021 y 2022, con costos de rescate superiores a 2.700 millones libras que recayeron sobre todos los consumidores, según reportó el Comité de Energía del Parlamento británico (UK Parliament, 2022). El problema no fue el mercado: fue la regulación deficiente.
Cinco condiciones no negociables
Para Costa Rica, el estándar debe ser inequívoco: la apertura solo tendrá legitimidad si las eficiencias llegan al consumidor final. No solo al industrial de alta tensión, sino también a la familia y al pequeño empresario en provincia.
Eso exige condiciones que el expediente 23.414, en su versión actual, no garantiza suficientemente.
La más preocupante es el tratamiento de la Coprocom. El proyecto le asigna una única función en materia de competencia: elaborar un informe anual para detectar si algún agente retuvo o acaparó energía priorizando la exportación sobre la demanda nacional. Es una herramienta reactiva, tardía y de alcance estrecho.
Un mercado eléctrico con múltiples agentes privados en generación y comercialización requiere vigilancia permanente (no anual), capacidad de monitorear ofertas horarias en tiempo real, facultades para detectar y sancionar abuso de posición dominante, control de concentración económica entre generadores y, sobre todo, coordinación continua y formal entre la Coprocom y la Aresep. Nada de eso está en el texto.
Segundo, acceso abierto y no discriminatorio a las redes, condición sine qua non para que la competencia sea real y no nominal.
Tercero, contratos de largo plazo que den certeza a inversores renovables y protejan al sistema de la volatilidad spot.
Cuarto, un proveedor de último recurso claramente definido, para que ningún hogar quede sin electricidad si una comercializadora privada quiebra.
Y quinto, una transición gradual que permita corregir errores antes de que se vuelvan sistémicos.
El expediente puede avanzar; pero sin fortalecer el rol de la Coprocom, la competencia que promete será solo nominal.
El ICE: transformación, no demolición
En ese esquema, el ICE no desaparece: se transforma. Concentrarse en generación renovable a escala, administración de infraestructura crítica y planificación de largo plazo es donde el Instituto tiene ventajas comparativas reales.
Lo que la reforma debe evitar es el “descreme”: que los grandes clientes migren al mercado libre mientras el ICE queda con una cartera más cara de servir y sin los ingresos que sostienen el subsidio cruzado al consumidor residencial. Ese riesgo es real y debe gestionarse con mecanismos explícitos, no con promesas.
Costa Rica tiene las condiciones macroeconómicas para dar este paso. El expediente 23.414 merece avanzar, con los ajustes que lo hagan robusto: regulador fortalecido, protección residencial sin ambigüedad, reglas claras para que el ICE compita en igualdad de condiciones. La apertura no es un fin en sí mismo. Es un instrumento. Y su valor depende de quién lo usa y con qué precisión.
grojas@coprocom.go.cr
Guillermo Rojas Guzmán es especialista en derecho de la competencia económica y regulación de servicios públicos.
