EscucharCosta Rica vive uno de sus momentos más críticos en materia de seguridad. Lo sentimos cada día; más homicidios, más extorsiones, más presencia del narcotráfico, más miedo.
Sin embargo, mientras las comunidades exigen respuestas y la institucionalidad clama por herramientas para enfrentar al crimen organizado, el presidente de la República decidió no actuar en relación con un proyecto clave: la ley que permitiría allanamientos 24/7.
Desde el 14 de mayo anterior –día en que Rodrigo Chaves emitió un veto total al proyecto de ley argumentando preocupaciones sobre derechos fundamentales– hasta el 31 de julio –cuando finalizó el periodo de sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa–, pasaron 79 días. El mandatario tuvo tiempo suficiente para enviar observaciones, proponer cambios o al menos convocar el expediente nuevamente, pero no lo hizo.
El jueves pasado se cerraron las sesiones extraordinarias sin que el veto fuera convocado. En otras palabras, el gobierno optó por el silencio, un silencio que duele, un silencio que cuesta vidas.
El 28 de julio, el OIJ realizó 22 allanamientos en la zona sur del país para desarticular una banda dedicada a la legitimación de capitales. Y vean qué curioso: relataba el director del OIJ que uno de esos allanamientos se realizó a las 6 de la mañana, por lo que el cabecilla tuvo tiempo de salir a las 5:45 a. m. Esto obligó a las autoridades a interceptarlo en carretera y, lamentablemente, el operativo terminó con dos personas fallecidas.
¿Qué habría pasado si ese allanamiento se ejecuta en la madrugada? Probablemente, se habría evitado ese trágico enfrentamiento en vía pública. Este es un ejemplo real, reciente y doloroso, de lo que implica no contar con herramientas legales a la altura del crimen organizado.
Este proyecto no es una ocurrencia; fue ampliamente discutido, respaldado por autoridades judiciales, fiscales y cuerpos policiales. Permitir allanamientos fuera del horario de oficina no es una licencia para el abuso; es una herramienta legal y controlada para responder a un crimen que no duerme ni descansa y cada vez actúa con mayor impunidad.
Mientras el Ejecutivo posterga la discusión del veto, las bandas criminales aprovechan. Saben que entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana, las posibilidades de intervención policial se reducen. Saben que sus movimientos están parcialmente protegidos por un marco legal que no se actualiza con la urgencia que el país exige.
El presidente Rodrigo Chaves ha dicho que lucha contra el crimen organizado, pero una verdadera lucha no se gana con discursos ni conferencias de prensa, se gana con decisiones valientes y coherentes. Convocar este proyecto vetado y permitir que la Asamblea Legislativa lo revise y lo apruebe, era un gesto mínimo de compromiso con la seguridad nacional.
Hoy no se trata de colores políticos ni de banderas partidarias; se trata de proteger la vida, la tranquilidad y la dignidad de las personas que habitan este país. La inseguridad no da tregua, y frente a ella, el Estado no puede quedarse inmóvil.
Presidente, usted no convocó el proyecto en las sesiones extraordinarias; no dio la cara. Pasaron 79 días y ahora nos corresponderá a nosotros, los diputados, hacer los ajustes correspondientes para convertirlo en ley. Costa Rica no puede seguir esperando.
Montserrat.ruiz@asamblea.go.cr
Montserrat Ruiz Guevara es diputada de la República.
