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Como profesoras y profesores de Derecho de la Universidad de Costa Rica:
Expresamos nuestra profunda preocupación por los acontecimientos recientes relacionados con el proceso de designación de magistraturas suplentes de la Corte Suprema de Justicia, la resolución dictada por la Sala Constitucional sobre dicha materia y las posteriores reacciones provenientes de autoridades del Poder Ejecutivo y una fracción legislativa.
Entendemos que estos hechos plantean un debate constitucional de extraordinaria relevancia para el país, pues comprometen principios esenciales de nuestra democracia constitucional.
Toda democracia digna de ese nombre es un sistema político que garantiza elecciones libres, periódicas y competitivas para elegir autoridades representativas, sufragio universal, pluralismo e igualdad política. También debe garantizar una amplia libertad de expresión, acceso a fuentes diversas de información y la libertad política de asociación, organización, manifestación y participación ciudadana.
Sin embargo, la regla de la mayoría y el resultado electoral no agotan el contenido de la democracia constitucional. Exige también que las autoridades públicas se sometan a la Constitución, que existan controles institucionales independientes del poder político, una separación efectiva de poderes públicos fundamentales y que se garantice la protección efectiva de los derechos fundamentales de todas las personas.
Defendemos que el Estado constitucional de derecho constituye un principio esencial de nuestro orden constitucional. Ninguna autoridad se encuentra por encima del Derecho, y ninguna puede legítimamente desconocer las competencias constitucionalmente atribuidas a los demás poderes del Estado.
Subrayamos que la existencia de un Poder Judicial independiente constituye un presupuesto indispensable de cualquier democracia constitucional.
La Sala Constitucional desempeña una función esencial en nuestro Estado constitucional de derecho. Su misión es garantizar la supremacía de la Constitución, proteger los derechos fundamentales y preservar las condiciones constitucionales de la República democrática.
Reconocemos, asimismo, que el desacuerdo constituye una dimensión esencial de toda república democrática. Las decisiones de los tribunales, como las de cualquier órgano del Estado, pueden legítimamente ser objeto de análisis, discusión y crítica pública.
No obstante, ese legítimo derecho a disentir encuentra un límite infranqueable en el respeto al propio orden constitucional. En una república democrática, los desacuerdos políticos deben canalizarse mediante los procedimientos previstos por la Constitución. Mientras las decisiones judiciales permanezcan vigentes, corresponde tanto a las autoridades públicas como a la ciudadanía respetarlas y acatarlas, sin perjuicio de utilizar los mecanismos institucionales previstos para su crítica, revisión o eventual modificación.
Por todo ello, afirmamos nuestro enfático respaldo a la reciente decisión de la Sala Constitucional sobre la elección de magistraturas suplentes, en cuanto representa el ejercicio de la función que la Constitución le encomienda y preserva las garantías institucionales indispensables para la protección de los derechos fundamentales, la independencia judicial y el ejercicio de las potestades constitucionales de la Asamblea Legislativa dentro de los límites establecidos por la Constitución.
En ese sentido, rechazamos categóricamente cualquier pretensión orientada a instrumentalizar los mecanismos institucionales con el propósito de debilitar la estructura constitucional de la República y, particularmente, de menoscabar la independencia del Poder Judicial.
Manifestamos nuestro categórico rechazo al uso irresponsable del concepto de golpe de Estado, por parte de figuras políticas en el Poder Ejecutivo. Utilizar una categoría reservada para describir la ruptura de un orden constitucional para describir desacuerdos institucionales propios del funcionamiento regular de una democracia constitucional, desvirtúa su significado histórico y jurídico, deteriora la deliberación pública y puede contribuir a erosionar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.
La experiencia comparada demuestra que las democracias no desaparecen únicamente mediante rupturas abruptas del orden constitucional. Con mucha frecuencia, se erosionan gradualmente cuando se debilitan los controles institucionales y se relativiza el cumplimiento del orden jurídico democrático.
Precisamente por ello, hacemos un llamado a la comunidad jurídica y académica nacional, así como a toda la ciudadanía costarricense, a reafirmar su compromiso cívico con la defensa de la República democrática, del Estado constitucional de derecho y de las instituciones que hacen posible nuestra convivencia democrática.
Firman este pronunciamiento:
Prof. Gustavo Chan Mora
Prof. Alejandro Guevara Arroyo
Prof. Luis Felipe Rodríguez Vargas
Profa. Ana Lucía Blanco Villalobos
Prof. Eric Alfredo Chirino Sánchez
Profa. Ana Lorena González Valverde
Profa. Rosaura Chinchilla Calderón
Prof. Jaime Ordóñez
Prof. Manuel Rojas Salas
Prof. Alberto Jiménez Mata
Prof. Daniel González Álvarez
Profa. Maripaz Sancho Miranda
Prof. Norman José Solórzano Alfaro
Prof. Mauricio Castro Méndez
Prof. Gabriel Espinoza
Profa. Lilliana Rivera Quesada
Profa. Marianela Aguirre Rodríguez
Profa. Ana Karen Cortés Víquez
Profa. Xiomara Gutiérrez Cruz
Profa. Marcela González Solera
Prof. Guillermo Arce Arias
Profa. Ana Elena Alvarado Salazar
Profa. Sofia Cordero Molina
Profa. Yendry Muñoz Vásquez
Profa. Adriana Acuña Leiva
Prof. José David Ramírez Roldán
Prof. Carlos Tiffer Sotomayor
Prof. Edgar Odio Rohrmoser
Profa. Vera Violeta Salazar Rojas
Profa. Maureen Jiménez Gómez
Profa. Andrea Marcela Gutiérrez Baltodano
Prof. Juan Pablo Salazar Carvajal
Prof. Jorge Sáenz Carbonell
Profa. Marcela Muñoz Muñoz
Prof. Víctor Barrantes Marín
Profa. Tania Morales Martínez
Prof. José M. Cisneros Mojica
Profa. Anahí Fajardo Torres
Profa. Marilú Rodríguez Araya
Prof. Erick Gatgens Gómez
Prof. Marvin Carvajal Pérez
Prof. Alfonso Chacón Mata
Prof. José Carlos Chinchilla
Prof. Frank Álvarez
Prof. emérito Wálter Antillón Montealegre
Prof. emérito Javier Llobet
Profa. jubilada Claudia Arroyo Borroni
Prof. jubilado Édgar Gutiérrez Espeleta
Prof. jubilado Omar Vargas Rojas
Profa. jubilada Mayra Campos Zúñiga
Profa. jubilada Cecilia Ivette Villalobos Soto
