El lunes 23 de enero del 2017, en su primer día hábil como presidente, Donald Trump decidió, con un golpe de firma, sacar a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), un visionario, moderno y ambicioso tratado comercial que había suscrito junto con 11 naciones de Asia y América, tras casi una década de complejas negociaciones.
La burda y miope decisión privó a su país de enormes oportunidades comerciales y creó un vacío geopolítico en extremo favorable a China, que había sido excluida del proceso.
Cinco años y cinco meses después, durante su reciente visita a Asia, Joe Biden obtuvo el apoyo de 12 Estados de la zona alrededor de una iniciativa mucho más modesta en sus alcances, pero que marca un cambio positivo en la diplomacia estadounidense y un alivio para los países preocupados por la creciente influencia china.
Con el nombre Marco Económico del Indopacífico (IPEF, por sus siglas en inglés), fue lanzada por el presidente en Tokio, junto a los primeros ministros de Japón y la India y con la participación virtual de los gobernantes de Australia, Brunéi, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur, Tailandia y Vietnam, miembros fundadores.
El acuerdo no es un tratado de libre comercio, porque excluye la eliminación o reducción de tarifas en los intercambios de bienes y servicios, algo que requeriría la ratificación del Senado estadounidense, virtualmente imposible dado el crispado clima político y el disminuido apoyo a ese tipo de instrumentos, tanto entre republicanos como demócratas. Sin embargo, tal debilidad se compensa, aunque solo en parte, con cuatro objetivos centrales: impulsar el comercio mediante otras vías, aumentar la resiliencia de las cadenas de suministros, promover las inversiones en infraestructura y energías limpias, impulsar nuevas normas impositivas y combatir la corrupción.
Más allá de lo que falta o lo que incluye, la mayor relevancia del convenio es que marca una suerte de “regreso” de Estados Unidos a las alianzas económicas multilaterales en la zona, que se complementan con acuerdos de seguridad de geometrías diversas.
Tras la salida estadounidense del TPP, los demás países que lo negociaron continuaron el proceso para hacerlo efectivo, aunque con cambios significativos. Entró en vigor el 30 de enero del 2018, tras la ratificación de Australia, Canadá, Japón, México, Nueva Zelanda y Singapur. Se unieron luego Vietnam y Perú, mientras los otros tres firmantes (Brunéi, Chile y Malasia) aún no lo han ratificado.
China, por supuesto, no se mantuvo quieta. En noviembre del 2020 logró que 14 países asiáticos, incluidos aliados tan estrechos de Estados Unidos como Australia, Corea del Sur, Japón y Nueva Zelanda, la acompañaran en la firma de otro acuerdo: su Asociación Económica Integral Regional, que entró en vigor en enero de este año.
El móvil para que Trump abandonara el TPP en el 2017 fue doble: una obsesión contra su predecesor, Barack Obama, líder del proceso, y un rechazo irracional y visceral del libre comercio, del que, hasta entonces, su propio Partido Republicano había sido gran defensor. Las inclinaciones proteccionistas y hostilidad a los acuerdos multilaterales del entonces presidente también condujeron a sostenidos intentos por debilitar la Organización Mundial del Comercio, de por sí afectada por otra serie de profundos desafíos.
La suscripción del IPEF es un cambio bienvenido en el contexto de la competencia geopolítica en Asia, y como buena señal en vista de los vientos adversos contra el libre comercio en Estados Unidos.
Su gran debilidad es que, al carecer de la fuerza de un tratado, con ratificación legislativa, no existe ninguna garantía de que si en el 2024 cambia el ocupante de la Casa Blanca, persista el compromiso con su vigencia.
De cualquier modo, hay que darle la bienvenida y confiar en que si muestra buenos resultados, no solo pueda mantenerse, sino también profundizarse y ampliarse.