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El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y sus aliados lograron una amplia victoria en las elecciones legislativas y municipales del domingo. La mayoría absoluta (por lo menos 43 bancas) no está en duda y existe la posibilidad de una mayoría calificada (56 escaños), suficiente para hacer enmiendas constitucionales.
En el primer caso, el mandatario tendría una influencia decisiva en el nombramiento de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, así como en la designación de los altos mandos de la Contraloría y la Fiscalía. El presidente ha protagonizado fuertes enfrentamientos con todos esos órganos de control democrático y, si alcanzara la mayoría calificada, podría reformar la Constitución para redefinir los papeles de cada cual.
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La resonante victoria es producto del hartazgo de los salvadoreños con la delincuencia y de la política de mano dura propugnada por Bukele, quien reclama reconocimiento por el descenso de la trágica cifra de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes. Cuánto mejoró la tasa es objeto de debate, pero los aliados del presidente hablan de 19 homicidios por cada 100.000 habitantes en 20 meses de vigencia del llamado Plan de Control Territorial.
Los métodos para conseguir la mejoría también están en disputa. Además de preocupación por el irrespeto a los derechos humanos, hay denuncias de pactos con poderosas organizaciones criminales. Informadores del periódico digital El Faro fueron amenazados por congresistas aliados de Bukele cuando dieron a conocer las conversaciones entre el gobierno y la Mara Salvatrucha para reducir la criminalidad antes de las elecciones.
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El Ministerio de Hacienda abrió una investigación contra El Faro por lavado de dinero y a los periodistas se les advirtió de la posibilidad de terminar en «una celda incómoda» si persistían en informar. El propio presidente dio a conocer la apertura del expediente en una inusitada cadena de radio y televisión.
La confrontación con El Faro es solo una de varias con los medios de comunicación. El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica y El Mundo, entre los impresos, así como varios medios digitales, son frecuentes blancos de ataque. Esas confrontaciones constituyen otra señal preocupante de inclinaciones autoritarias.
En febrero del 2020, cuando los diputados se negaron a aprobar un préstamo por $109 millones para financiar la estrategia de seguridad, Bukele se presentó en el Parlamento acompañado de soldados y policías e invocó el «derecho divino» para declarar abierta la sesión legislativa.
En otra cadena nacional, calificó a cinco magistrados de la Sala Constitucional de «hipócritas y malos abogados» y a sus sentencias las tildó de «espurias». Más tarde negó todo propósito autoritario en la confrontación con los magistrados alegando que si fuera un dictador, los fusilaría en lugar de criticarlos.
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El uso de cadenas nacionales para atacar los frenos y contrapesos del diseño republicano, las expresiones violentas contra quienes los ejercen y la apropiación del «derecho divino» para menguar el imperio de la ley terrenal son, entre otros, avisos de un autoritarismo que, si logra apoyo entre los salvadoreños, probablemente lo perderá mañana, como tantas veces ha sucedido, incluso en la historia reciente. El chavismo, de signo totalmente opuesto al de Bukele, fortaleció su proyecto autoritario en las urnas y cuando las mayorías ya no estuvieron dispuestas a favorecerle era demasiado tarde.
La arrasadora victoria del presidente salvadoreño y sus aliados en las elecciones del domingo y la concentración de poder resultante son razones de más para intensificar la vigilancia sobre el rumbo de ese país hermano, tan sufrido debido a la guerra, la criminalidad, la corrupción y la polarización.
