Miles de millones cotizados por empresas y trabajadores desperdiciará la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por un capricho ideológico de cuyos efectos nocivos nadie se hace cargo.

La “institucionalización” de los 37 Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebáis) administrados por la Universidad de Iberoamérica (Unibe) en los cantones de Montes de Oca, Curridabat y La Unión cuesta un 30 % más, y solo dolores de cabeza causa a más de 200.000 asegurados.

Para no dejar dudas, basta con repasar el acta 9.086 donde el director de Presupuesto, Sergio Gómez, declara: “La institucionalización de los servicios está costando alrededor del 30 % más que si hubiéramos continuado con la vía de la contratación de los servicios”.

La mayor parte del incremento se debe a remuneraciones, dijo el funcionario a los directos en diciembre del 2019, apenas mes y medio antes de finalizar el contrato con la Unibe.

Según Marielos Alfaro, representante empresarial, cuando la Junta Directiva avaló retomar los Ebáis, en el 2017, la administración informó de que el gasto sería similar.

Ahora se declara en shock por el 30 % de aumento en vista de los problemas de sostenibilidad del seguro de salud.

En la otra acera, Mario Devandas, representante sindical, afirma que históricamente la institución ha tenido dificultad para establecer costos y pidió transparencia porque, por su experiencia, “esos estudios de costos” le han "dejado muchas dudas”.

Ólger Sánchez, auditor de la CCSS, aseguró no haber contado con la información necesaria cuando revisó el costo de asumir los Ebáis.

A su vez, Luis Diego Calderón, gerente financiero, atribuyó la costosa decisión a un estudio de factibilidad de la Gerencia Médica.

Llama la atención tanta perplejidad y sorpresa. Primero, porque la institución aseguradora, por definición encargada de complejos cálculos actuariales, ni siquiera logra determinar costos, una sencilla operación sin la cual la Unibe y las cooperativas encargadas de otros 135 Ebáis habrían quebrado hace rato.

Ya en el 2015, un estudio de la propia institución calculaba en un 50 % más el costo de brindar los servicios directamente y no hacía falta ser adivino para saber entonces, y mucho antes, que las remuneraciones de la CCSS encarecen los servicios significativamente.

No obstante, la auditoría no logró observar, de acuerdo con la documentación que tuvo a la vista, "el criterio actuarial con sus respectivas proyecciones de cuánto afectaría las cargas asociadas a estas nuevas contrataciones en el tiempo, tales como anualidades, carrera profesional, vacaciones”.

La contratación con terceros es una historia de éxito de tres décadas, a lo largo de las cuales siempre sobró tiempo y puntos de comparación para los costos y la calidad del servicio.

La CCSS ha hecho evaluaciones constantes y conoce los resultados. ¿Tan poco saben los directores de la institución a su cargo para creer que los costos no aumentarían?

Por fortuna, la tragedia de la Unibe se presentó a tiempo para evitar la que se tenía planeada con las cooperativas.

La reciente decisión de dar marcha atrás a la institucionalización de esos 135 Ebáis se justificó, por lo menos parcialmente, por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, pero la verdad es que ya no hubo quien se atreviera a seguir adelante a tan alto costo.

La pregunta es quién pagará el desaguisado de la Unibe. No hay sorpresas, y todos los involucrados debieron saber el daño que causarían a la institución y a los bolsillos de los cotizantes.

El presidente ejecutivo, Román Macaya, debería dar un paso al frente para aceptar la responsabilidad, cuando menos política. Los directivos no harían mal si lo acompañaran, y también los altos funcionarios encargados de recopilar y analizar los números.

Como mínimo, debería producirse el despido de quienes causaron la falta de transparencia criticada por Devandas y la “sorpresa” de diciembre.

Tampoco estaría mal si nos explicaran por qué, teniendo un medio probado para rebajar el costo y mejorar el servicio, no extienden su aplicación a otras zonas.