Por tercer año consecutivo, el Índice de Competitividad Nacional (ICN), divulgado el pasado viernes, nos trae una modesta buena noticia. El indicador promedio de 2026 creció 2,4 puntos con respecto al de 2025 (ambos con datos del año anterior) y alcanzó un puntaje de 58,6 en una escala de 100, considerado apenas “emergente”. A la vez, queda de nuevo en evidencia una realidad en extremo inquietante: las profundas y extensas brechas entre territorios e indicadores.
El índice contempla seis grandes pilares, agrupados en 26 dimensiones, que se segmentan en 125 indicadores cuantificables. De ellos, 30 están vinculados con la gestión municipal; el resto, con el impacto de instituciones nacionales, hogares y otros actores locales. Por ausencia de suficiente información, dos de los 84 cantones (Monteverde y Puerto Jiménez) de muy reciente creación, aún no aparecen. No valora el conjunto de la economía nacional, sino sus dimensiones locales.
Los 2,4 puntos de mejora agregada se explican por avances en la adopción de tecnologías de información y comunicación (sobre todo, mayor velocidad de Internet), el dinamismo de mercados (electricidad y construcción) y mejoras en mortalidad infantil, que bajó de 10,3 defunciones por 1.000 nacimientos en 2024 a 8,4 en 2025. Sin embargo, se mantiene por encima de las 7,9 en 2020.
Los retrocesos se produjeron en educación, opacidad institucional e infraestructura; es decir, variables que dependen, casi exclusivamente, del desempeño del sector público, tanto local como nacional.
En colones constantes de 2018, la inversión en infraestructura escolar cayó de ¢28.452 por estudiante en el ICN de 2025 a apenas ¢16.641 en el actual. La matrícula en educación técnica, como porcentaje del total, bajó de 31,8 % en 2024 a 27,2 % en 2025. También bajaron, aunque ligeramente, las habilidades técnicas de la fuerza laboral.
El deterioro en la conectividad vial condujo a mayores retrasos de transporte. Pero el mayor retroceso se produjo en transparencia municipal, medida por las denuncias ante la Contraloría General de la República: bajó 17,2 puntos entre el anterior y el actual ICN.
Todos estos datos corresponden a promedios. Por esto, no revelan las disparidades entre cantones, a menudo dramáticas; tampoco en el desempeño entre indicadores específicos. Belén, que encabeza el índice, llega a 71,1 puntos. Es el único en la categoría de “destacado”, seguido por Heredia (con 67,8) y Escazú (67,2), ambos considerados “altamente competentes”. Los tres también tuvieron el mejor desempeño en el ICN de 2025. En cambio, Talamanca bajó seis puestos y ocupó el último lugar, con puntuación de 46,2, precedido por Coto Brus (46,6) y Guatuso (47,7).
Los tres se ubican en zonas costeras y fronterizas, generalmente las más desatendidas por las políticas públicas. En algunos indicadores específicos, el contraste es aún más dramático. Por ejemplo, mientras el 100% de los estudiantes de primaria de Zarcero, Sarchí y San Rafael disfrutan de cobertura informática, apenas un 16,1% la obtiene en Guatuso.
La geografía, sin embargo, no es una variable insuperable para la competitividad y el desarrollo humano. Al contrario, está sujeta a diversas condiciones, circunstancias e iniciativas, tanto cantonales como nacionales, públicas y privadas. De esto son ejemplo Abangares, Turrubares, Carrillo, Jiménez, Montes de Oro, Bagaces, Paraíso, Corredores, Parrita y Zarcero, los cantones que más mejoraron, aunque se ubican fuera de la GAM.
El concepto de competitividad que utiliza el ICN refleja, precisamente, su carácter dinámico: “Es el conjunto de instituciones, políticas y factores que crean las condiciones para que los distintos actores económicos puedan desarrollar su potencial, mediante un ambiente propicio para generar inversiones y emprender proyectos que potencien la economía de la región, mejoren la calidad de vida de sus habitantes, su productividad y sostenibilidad”.
Sin embargo, por las ventajas y desventajas, avances o retrocesos acumulados por regiones, las posibilidades para superar obstáculos serán muy distintas entre sí. El Estado cuenta, y mucho. De ahí la necesidad de afrontar sin dilación y de manera sistemática el gran reto aún no atendido: poner en marcha una estrategia nacional de mejoramiento territorial, pero con intervenciones adaptadas a las necesidades de cada cantón.
“Los territorios que ya presentan mejores condiciones –propone el ICN– necesitan sostenerlas y atender sus debilidades específicas”, mientras “los que permanecen rezagados requieren cerrar brechas que limitan el aprovechamiento de sus recursos y capacidades”.
Esta es la sexta edición del índice, iniciativa del Consejo para la Promoción de la Competitividad (CPC), un centro de pensamiento privado sin afán de lucro, establecido en 2011. Por su solidez y amplitud, su valor acumulado es cada vez mayor, lo mismo que su utilidad para la toma de decisiones entre actores relevantes de los cantones y el país en su conjunto. Se trata de un sólido referente de política pública, que debe ser aprovechado a cabalidad.
