Editorial: Sube el costo de endeudarnos

Cuanto más débil sea un deudor, más reacios estarán los financistas a concederle crédito, y si lo hacen exigirán altas tasas de interés para compensar el riesgo de no obtener el pago (default). Esto vale tanto para deudores privados, personas físicas y jurídicas como para los países.

Debido al anuncio del retiro de la propuesta de ajuste que el gobierno pensaba plantear al Fondo Monetario Internacional (FMI) y el clima de confrontación de los últimos días, dos calificadoras de riesgo —Fitch Ratings y Standard & Poor’s— prevén dificultades para que el Ministerio de Hacienda obtenga financiamiento externo en volumen y al costo que de otra forma habría sido posible.

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El precio de los eurobonos colocados por el país a diferentes plazos comenzó a bajar apenas se difundió la noticia, señal de que los inversionistas están exigiendo una rentabilidad superior. Los bonos con vencimiento en el 2043, por ejemplo, recién se cotizaron al 80 % de su valor facial y, en vista de la relación inversa entre precio y rentabilidad, es reflejo de una mayor exigencia del mercado. En cuanto a los bonos denominados en colones, la curva soberana del 7 al 13 de octubre también muestra un aumento de los rendimientos exigidos para plazos superiores a los 1.500 días.

Las fluctuaciones revelan la incertidumbre del mercado financiero. Mientras no se despeje y no exista un programa de ajuste coherente, de aceptación general y técnicamente apto para estabilizar las finanzas públicas en un plazo determinado (el gobierno apuntaba a bajar el endeudamiento a un 50 % del PIB de aquí al 2034), el costo del dinero prestado se mantendrá caro.

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Elevado endeudamiento y altas tasas de interés son una mezcla tóxica, pues el servicio de la deuda terminará desplazando muchas otras partidas del presupuesto nacional, con evidentes consecuencias sociales. La inversión en infraestructura, para poner un ejemplo, es una de las primeras víctimas de la crisis, cuyo agravamiento será inevitable si el país no responde con celeridad.

Pero la decisión del presidente, Carlos Alvarado, no significa una renuncia al ajuste macroeconómico exigido por las circunstancias y llegar a un acuerdo con el FMI para dar un espaldarazo técnico a las medidas finalmente adoptadas. Se trabajará en la elaboración de otro conjunto de medidas de ajuste, necesariamente eficaces, coherentes y de aceptación más amplia, para someterlas al FMI como parte del acuerdo para obtener financiamiento en condiciones blandas.

Las decisiones sobre el programa de ajuste macroeconómico no solo deben ser consensuadas, sino útiles para alcanzar la estabilidad fiscal al menor costo social posible. El ejercicio requiere muchos insumos técnicos, pues poco o nada se conseguiría si se llega a un consenso respecto a un paquete de acciones ineficaces.

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El gobierno se había propuesto auscultar el criterio de grupos representativos, pero, a juzgar por la oposición al borrador del planteamiento para e FMI, el proceso fue deficiente. Es necesario recurrir a otro medio, más sistemático y eficaz, antes de producir una nueva propuesta. El diálogo por el diálogo no conduce a soluciones. Es preciso conversar sobre la base de un documento bien elaborado, que intercambio de criterios enriquezca.

Eso ayudará a calmar al mercado financiero meta de los títulos de deuda y contribuirá a que las calificadoras internacionales de riesgo soberano asignen una mejor nota a nuestros bonos. También será útil para reducir el costo social del ajuste macroeconómico que, en vista de los problemas estructurales acumulados durante años y el advenimiento de la pandemia de la covid-19, es estrictamente necesario.