Editorial: Sorprendente apoyo a proyecto disparatado

La diputada tiene razón. El costo de una segunda ronda no justifica la modificación del porcentaje para ser elegido en la primera. En cambio, la reducción propuesta resta representatividad a quien ocupe la primera magistratura. El número de electores requerido podría ser diminuto, dependiendo del abstencionismo.

En el proceso electoral más reciente, el candidato liberacionista habría ganado con 571.518 votos, un 27,3% de los emitidos, pero apenas el 16,14% del total de los electores inscritos. Peor todavía, su ascenso a la presidencia se habría producido aunque, puesta a escoger entre los dos más votados, la mayoría favoreció al adversario, cuyo apoyo en la primera ronda fue del 16,8% y solo un 9,92% del padrón.

La reforma constitucional puesta en conocimiento de la Asamblea Legislativa prácticamente eliminaría la posibilidad de la segunda ronda e invitaría a los electores a quemar los barcos en la primera votación, sin posibilidad de influir en la selección cuando ningún candidato logre un porcentaje apreciable de los votos emitidos.

El 40% facilita la elección en primera ronda mientras conserva el espacio para la participación de partidos minoritarios. No ha sucedido en los últimos tres comicios, debido al fraccionamiento político del momento y el debilitamiento acelerado de las estructuras partidarias, pero la solución no consiste en escoger gobiernos anémicos desde el principio.

La fragmentación política produce gobiernos débiles. Ninguno de los últimos tres ha tenido bancadas legislativas numerosas y aunque los elegidos en el 2014 y el 2018 consiguieron amplio respaldo en las segunda ronda, buena parte del apoyo se disipó porque no era fruto de la identificación con los partidos o programas vencedores. No obstante, la reducción del porcentaje solo incrementaría la debilidad de origen y, eventualmente, apenas preservaría la legitimidad formal.

Por todas esas razones, el retiro del respaldo a la pretendida reforma constitucional es una buena noticia. Con menos de diez firmas, el proyecto está destinado al archivo, pero vale la pena preguntar cómo llegó a tener el apoyo necesario para ingresar a la corriente legislativa. La principal justificación ofrecida en la exposición de motivos parece demasiado básica: ahorrar ¢3.000 millones haciendo de la segunda ronda una posibilidad remota.

Igualmente llanos resultan los argumentos de la necesidad de adaptar el porcentaje a la realidad del multipartidismo y el supuesto fortalecimiento del modelo democrático mediante la selección del gobernante en una sola votación.

La exposición de motivos incluso incurre en una confusión de conceptos cuando habla de mayorías absolutas, relativas y simples, e intenta explicar sus objetivos: “Al tener un 40% como mínimo en donde los votos se concentran mucho más en un número muy reducido de candidatos o partidos, con la consiguiente pérdida de pluralismo político y representación de las distintas fuerzas y partidos políticos, en donde se tenían ventajas, pues los candidatos elegidos están investidos de una mayor legitimidad, ya que han obtenido un mayoritario respaldo de los electores y, por tanto, debemos adaptar el porcentaje a la realidad del multipartidismo que hoy tiene el país, no ya la obtención de esa mayoría absoluta del 40% de los votos válidos, sino de las mayorías relativas o simples”. ¿Queda claro?