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Sin mayor explicación, el tribunal de elecciones internas del Partido Acción Ciudadana (PAC) suspendió la actualización de los resultados de la convención celebrada el domingo para decidir su candidatura presidencial. Con el 78 % de las mesas escrutadas, solo habían contabilizado unos 13.000 votos. La participación total podría rondar los 15.000 votantes. No debería ser difícil contarlos.
Cuando el tribunal comunicó su decisión de no publicar más cortes y comenzar, de inmediato, el conteo manual, la diputada Carolina Hidalgo estaba a la cabeza con el 49,1 % de los votos. Su compañero de bancada Welmer Ramos tenía el 45,7 %. La diferencia de 3,4 puntos parece holgada con solo el 22 % de las mesas por contar, pero apenas representa 441 votos, dada la escasísima participación.
En esas circunstancias, un conteo manual podría ser decisivo, pero eso no justifica la abrupta suspensión del recuento original. Si el PAC no confía en el método planificado con meses de antelación para comunicar al país los resultados, pudo haber decidido, de entrada, hacer un recuento manual.
Pero el anuncio de la suspensión de actualizaciones en la página oficial contiene la llamativa promesa de poner «especial atención», durante el conteo manual, «a la revisión de los resultados de aquellas juntas receptoras de votos» acerca de las cuales recibieron «señalamientos de las tendencias». El cuidadoso escrutinio tardará hasta mañana y, entonces, se declarará la candidatura ganadora.
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Queda clara la desconfianza de las tendencias entre sí y en la solidez del proceso electoral. El tribunal no parece mucho más convencido y estuvo dispuesto a frenar abruptamente el escrutinio o, quizá, a completarlo en secreto sin informar al país los resultados mientras se logra la certeza del conteo manual.
En cualquier caso, el PAC no honró la responsabilidad de conducir un proceso transparente, apto para cimentar la credibilidad de las instituciones democráticas. En estos tiempos de teorías de la conspiración y cinismo, lo que no contribuya a restaurar la confianza, la daña.
Los procesos electorales internos de los partidos políticos no son un ejercicio privado ni exclusivo de dirigentes y militantes, por mucho que en alguna oportunidad se acuñara la expresión «gente PAC» para excluir la participación de otros. Son procesos de interés público, pertenecientes a todos, incluidos quienes ejercieron su derecho de no participar. La responsabilidad de las agrupaciones políticas no se limita a sus simpatizantes y afiliados. Quien resulte vencedor podría ser elegido presidente de todos los costarricenses y todos tenemos derecho a exigir que su postulación sea prístina, sin sombras ni dudas.
Las razones para exigirlo son obvias, pero vale destacar la necesidad de restaurar el papel y prestigio de los propios partidos políticos. Todos, sin excepción, deben poner especial empeño en evitar los cuestionamientos, porque son instituciones esenciales para la vida democrática y han perdido demasiado terreno en lo que va del siglo.
La suspensión del conteo es mejor que aceptar cualquier posibilidad de incorrección o fraude, pero no se debería llegar a ese punto, especialmente en una convención de números tan modestos. Y, si se llega por circunstancias invencibles, el país merece una explicación inmediata, con detalle de los cuestionamientos formulados y los métodos de revisión establecidos para garantizar el resultado. El conteo manual es un control «a posteriori» para discernir si una papeleta debió ser anulada o si los miembros de la junta contaron con precisión. Ese no parece ser el caso en el PAC y, si lo fuera, lástima que la comunicación, o falta de ella, haga pensar en males mayores.
