EscucharMientras la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde) señala un déficit de 26.000 personas para atender las necesidades de la inversión extranjera, 300.000 permanecen desempleadas porque carecen de las habilidades necesarias para llenar las vacantes. Parte de la solución está en los la formación técnica proporcionada por el Ministerio de Educación Pública (MEP), pero los colegios especializados no dan abasto.
El Ministerio reconoce su falta de capacidad para atender la demanda y las necesidades de la formación técnica. Pablo Masís, director de Educación Técnica, es testigo de las aspiraciones de alumnos que identifican en este tipo de aprendizajes una oportunidad real de empleo; sin embargo, de 300 participantes en el proceso de admisión, muchas veces apenas logran recibir a 100.
Según Masís, el sistema llegó al límite de su capacidad y en algunos colegios, como el Técnico Profesional de Pacayas, en Alvarado de Cartago, con capacidad para 1.100 estudiantes, hay 1.278 gracias a los malabarismos de la Junta Administrativa y las autoridades de la institución para modificar el plantel y abrir más aulas.
La contradicción salta a la vista en un país dedicado a atraer inversiones con la calidad de su mano de obra como estandarte. Si a esto se suma el devastador índice de desempleo de los jóvenes (casi la tercera parte de la población de entre 15 y 24 años) el despropósito se magnifica.
Este grupo de costarricenses, acorralado por la falta de oportunidades, corre constante peligro de sucumbir a la tentación de la delincuencia, incluido el crimen organizado. Estudios recientes del Estado de la Nación encuentran claras correlaciones entre la falta de oportunidades de empleo y educación y la delincuencia en las comunidades más afectadas por esas carencias. Las razones para invertir en la educación técnica no se agotan con las detectadas, pero la lista basta para señalar el imperdonable abandono.
El país cuenta con 153 instituciones de educación técnica, con 72.000 alumnos ya matriculados en carreras (décimo, undécimo y duodécimo) y otros 55.000 en el proceso de orientación vocacional ofrecido entre el sétimo y el noveno año. En total, son 126.500 estudiantes que plantean problemas de sobrepoblación, como en Pacayas. El último colegio técnico profesional se inauguró en el 2016 y, desde entonces, la población matriculada “aumentó, aumentó y aumentó”, afirma Masís, quien más bien señala una disminución de recursos en los últimos tiempos, falta de mobiliario y laboratorios e infraestructura en mal estado.
Un informe de la Contraloría General de la República apuntó la necesidad de ampliar la cobertura de la educación técnica. El MEP reconoce la evidente necesidad de hacerlo, pero encuentra un obstáculo infranqueable en la falta de recursos. Masís también lamenta la escasez de profesores para las carreras más demandadas. “Tenemos carreras técnicas con índices de empleabilidad altísimos. Por ejemplo, Informática, Redes de Computadoras y Desarrollo Web. A esos estudiantes, las empresas los están esperando para contratarlos”, dijo Masís en entrevista con La Nación.
Así como lo hemos sugerido en el caso de la educación universitaria, es necesario revisar la asignación del presupuesto educativo para preparar profesionales y técnicos en las carreras agrupadas bajo el acrónimo inglés STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas).
Una encuesta llevada a cabo por Cinde a más de 300 empresas el año pasado demostró incontables oportunidades de inserción en el mercado laboral para la categoría ocupacional de técnico medio. Es cuestión de escuchar al sector productivo, como lo hacen los jóvenes que se presentan esperanzados a las puertas de las instituciones educativas especializadas.
