Editorial: Retratos legislativos

Los diputados mandaron a colocar sus retratos en las antiguas curules, como si el hecho de ser los últimos ocupantes del recinto les confiriera un mérito particular, digno de reconocimiento para la posteridad. Los retratos no celebraban las obras, sino la mera presencia y, a falta de un interés público en el homenaje, ellos mismos lo financiaron al son de ¢58.000 cada uno.

Es difícil comprender la pretensión de los legisladores en un país donde el sentimiento democrático reserva los honores para la conmemoración póstuma y desterró las placas que antaño atribuían las obras públicas a la administración que las construyó. La iniciativa estaba condenada al fracaso.

La idea databa de abril del 2021 cuando el Directorio legislativo aprobó financiar los retratos con dinero del Congreso. El último Directorio del cuatrienio, con recto sentido de sus obligaciones, revocó el acuerdo. Cuando los interesados decidieron rendirse homenaje por cuenta propia, ya muchos de sus colegas habían rehusado participar.

El caso tiene un antecedente mucho más modesto. A finales del cuatrienio trasanterior, el presidente legislativo Gonzalo Ramírez mandó a hacer una fotografía enmarcada con los rostros de los congresistas de aquel momento, pero, en el 2018, la primera presidenta del cuatrienio, Carolina Hidalgo, ordenó retirarla del Castillo Azul. Silvia Hernández, la última presidenta de ese cuatrienio, se vio obligada, junto con su Directorio, a hacer lo mismo con las fotos instaladas en el antiguo plenario.

Aparte del sonrojo esperable, los legisladores debieron renunciar a la iniciativa porque las curules y el plenario forman parte de un edificio patrimonial, cuya modificación no puede hacerse a la ligera, y mucho menos con fines tan discutibles. Así, a la falta de pudor republicano se suma el desconocimiento de la ley para dar una pésima lección sobre el servicio público. La remoción de los retratos, por fortuna, se efectuó con la urgencia debida.

El incidente de los retratos ocurrió después de un primer estallido de indignación. Cuatro días antes de finalizar el cuatrienio, la administración ordenó remover de las nuevas curules las placas con los nombres de los legisladores. Agraviados, los congresistas se negaron a continuar la sesión extraordinaria mientras las placas no fueran reinstaladas.

Las placas fueron removidas para ahorrarle ¢500.000 al Congreso. Esa es la diferencia entre comprarlas nuevas y reutilizar las existentes cambiando los nombres. Muchos diputados rechazaron la reinstalación de las placas y se mostraron contrariados por el banal reclamo.

Los dos incidentes podrían entenderse como de poca monta. Lo son si se considera exclusivamente la cómica vanidad de los protagonistas, la intrascendencia de sus protestas y la falta de consecuencias. No obstante, conviene resaltarlos por reveladores de una mentalidad persistente que aleja a los ciudadanos de la política y a los políticos de los ciudadanos. La práctica democrática no debe darse tregua a sí misma ni transigir con desviaciones, no importa cuán triviales en apariencia.