El 15 de julio del 2022 vence el contrato firmado con la empresa costarricense-española Riteve SyC y el país debe decidir el futuro de la revisión técnica de vehículos. No hay posibilidad de prorrogar el contrato firmado por primera vez hace 20 años. Es necesario celebrar una nueva licitación y el tiempo se agota.
La inminencia del vencimiento del contrato resucita viejas discusiones sobre la solución adoptada hace dos décadas, especialmente en cuanto al modelo de un proveedor único del servicio. El debate sobre el futuro podría llegar a conclusiones erróneas si no toma en cuenta las experiencias del pasado.
La Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), adscrita al Ministerio de Economía, recomendó al MOPT comenzar el proceso de apertura del servicio para cumplir las exigencias de la ley de tránsito. «Dado que la Ley N.º 9078 prevé la apertura a la competencia del servicio integral de revisión técnica vehicular para el año 2022, se recomienda al MOPT y demás órganos competentes velar por que este cambio se lleve a cabo en forma tal que se promueva efectivamente la competencia y libre concurrencia para beneficio de los usuarios», afirmó.
Casi al mismo tiempo, la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa dictaminó afirmativamente un proyecto de ley para otorgar concesiones de diez años, prorrogables por un período igual, sobre las estaciones de revisión que dejará Riteve cuando venza el contrato. Las 13 estaciones fijas y 4 móviles pasarán a manos del Estado y los futuros concesionarios no podrían operar más de dos.
El proyecto de ley aumenta el número de participantes en el negocio, pero no por eso fomenta la competencia, porque pretende una tarifa única para todo el país. También, crea un fondo para la educación técnica con el 20 % de las ganancias de las empresas, lo cual encarecerá el servicio o desanimará a muchos posibles licitantes. Apenas fue dictaminada, la iniciativa enfrentó oposición de la empresa privada y sus inconsistencias quizá la lleven al fracaso, pero es un ejemplo de la transformación radical que podría sufrir el servicio, no necesariamente para bien, a falta de una reflexión pausada y profunda.
Por su parte, el MOPT considera la posibilidad de contratar con un máximo de cuatro licitantes, pero las ideas incorporadas al debate público van desde la prestación del servicio por el Estado, con los peligros que eso significa y a pesar de las malas experiencias acumuladas, hasta la preservación del modelo de proveedor único.
Por eso, conviene recordar el pasado. La promoción de la competencia es necesaria en todos los ámbitos de la vida nacional; sin embargo, no se logra con solo aumentar los actores. Tampoco debe desligarse de otros objetivos trascendentales. La revisión técnica de vehículos fue creada por razones de seguridad, salud pública y defensa del ambiente. Ninguno de esos propósitos debe ser sacrificado.
Mientras el país encontraba la fórmula a lo largo de las últimas dos décadas, hubo un mercado con infinidad de participantes y grandes defectos de corrupción y eficacia. Muchos talleres autorizados facilitaban la obtención de los permisos sin el rigor aplicado, posteriormente, por Riteve. Por las calles circulaban vehículos defectuosos, propensos a causar accidentes y emisores de contaminantes en exceso. Unos 80 talleres brindaban el servicio en 1997, pero en las inspecciones se detectaron irregularidades en más de la mitad.
Por eso, el diseño del futuro debe guiarse por conceptos bien expresados por Daniel Cohen, de la Asociación Automóvil Club de Costa Rica: «Un buen servicio depende de la calidad de quien lo brinde, por lo que la escogencia es crítica. También, es importante un buen control sobre el adjudicatario o los adjudicatarios». Eso es lo que debemos asegurar en cualquier escenario.