Era inevitable. Las pensiones del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), ya venidas a menos, como lo previeron los legisladores a principios de siglo cuando aprobaron la Ley de Protección al Trabajador, disminuirán en un 8%, en promedio, a partir del 11 de enero del 2024.
A la reducción del beneficio se sumará la eliminación de la pensión anticipada para los hombres. La edad mínima de las mujeres aumentará a 63 años, en lugar de 60. Son ajustes dolorosos, pero necesarios para preservar el régimen de jubilaciones más grande del país, con 318.067 beneficiarios y 1,6 millones de afiliados aproximadamente.
Los cambios en la edad de retiro y la fórmula de cálculo sostendrán el sistema hasta el 2050, en vez del 2037, cuando se acabaría la reserva del régimen, si se conservan las condiciones vigentes. Los años venideros confirmarán esas previsiones o señalarán la necesidad de nuevos ajustes, quizá en los ingresos del IVM.
La reforma, no obstante sus rigores, es el reconocimiento tardío de una realidad manifiesta a lo largo de muchos años. Nadie quiso confrontarla y el paso del tiempo elevó el costo de la rectificación. Solo queda lamentarlo, así como los excesos demagógicos que ampliaron beneficios, redujeron la edad de retiro mientras aumentaba la expectativa de vida y maquillaron los números para aparentar solidez, como en su momento lo denunció el superintendente de pensiones Edgar Robles.
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La Junta Directiva de la CCSS merece reconocimiento por el paso dado para preservar el sistema. El tiempo apremia y no sabemos si lo decidido bastará, pero siempre pudieron postergar las decisiones como se ha venido haciendo. Tomaron el camino difícil que otros directores no estuvieron dispuestos a transitar. Lo mismo puede decirse de la gerencia de pensiones, cuyas recomendaciones técnicas posibilitaron el cambio.
La reforma profundiza el abismo entre el régimen de pensiones ofrecido a la gran mayoría de costarricenses y los sistemas de privilegio concedidos a una minoría, siempre dispuesta a argumentar sus porcentajes de cotización superiores, pero nunca a reconocer los exorbitantes aportes estatales, en cuya ausencia las millonarias y tempraneras jubilaciones serían imposibles.
La estructura de privilegios construida por la demagogia, la politiquería y la irresponsabilidad, a lo largo de décadas, se hace más odiosa a la luz de la disminución de los beneficios del IVM. Las diferencias crecen y también el peso de mantenerlas, depositado en hombros de todos los ciudadanos.
Es buen momento para volver a plantear la necesidad de un régimen único de pensiones, complementado por el sistema creado en el 2000 por la Ley de Protección al Trabajador. Los periódicos embates contra las pensiones complementarias, sea para repartirlas antes de tiempo o someterlas a la voracidad fiscal, también deberían cesar en vista de lo sucedido. Por el contrario, los acontecimientos apuntan a la necesidad de fortalecer el régimen complementario, ampliando la participación en los fondos voluntarios y, sobre todo, permitiéndole al sistema madurar.
A dos décadas de su creación, el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) comienza a operar como un verdadero sistema de pensiones y no como un programa de ahorro para ser retirado en un solo pago, el día de la jubilación. Así fue mientras los fondos acumulados no alcanzaban para financiar el 10% de la pensión básica, pero en la actualidad los beneficiarios con capital suficiente para cobrar más del 10% de la pensión básica son casi la quinta parte y el porcentaje crece con rapidez.
En materia de pensiones, al país le ha faltado responsabilidad. Salvo la feliz creación del sistema complementario, poco se ha hecho para rectificar el camino. Ojalá la reforma del IVM sirva para reflexionar sobre la distancia por recorrer y la necesidad de acelerar el paso para evitar daños mayores.