EscucharLa Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) podría recurrir a la Sala Constitucional para combatir la aplicación del artículo 9 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción (CNP) a sus hospitales. La norma obliga a las entidades públicas a adquirir los productos comercializados por la institución a los precios establecidos por ella.
Los hospitales, como muchas otras instituciones, reclaman por incumplimientos y fijación de precios según metodologías incomprensibles, cuyo resultado es siempre superior al precio de mercado, al punto de causar desabastecimiento en los centros médicos, como sucedió en diciembre con algunas carnes.
La Caja, dijo su gerente general, Roberto Cervantes, a los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos, preferiría hacer sus adquisiciones mediante licitaciones. Ese procedimiento, acoplado al sistema único de compras públicas, resultaría en grandes beneficios para la institución sin dejar de crear oportunidades para los productores.
Es el método aplicado a las compras del Estado, en general, en procura de transparencia, calidad y buen precio. No hay motivo para mantener a las instituciones necesitadas de alimentos cautivas de un solo proveedor, cuyo abastecimiento depende, en un elevadísimo porcentaje, de un puñado de comercializadores.
Los recursos públicos invertidos son cuantiosos. El contrato de la Caja con el CNP para adquirir 19 tipos de carne de res y cerdo está valorado en ¢2.350 millones al año y está sujeto a abruptas variaciones de precios, muy por encima del índice de precios al consumidor (IPC) calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. El aumento promedio en la lista de productos es del 30,5% en los hospitales del sur y entre un 22 y un 32% en otras regiones, pero la variación acumulada para las carnes entre diciembre del 2020 y noviembre del 2021 fue del 10,15%, según el IPC.
Randall Quesada Ulate, abogado de la Gerencia General, confirmó la decisión institucional de recurrir a la Sala IV una vez finalizado un estudio técnico ordenado por la Junta Directiva. En su defecto, acudiría a la Contraloría General de la República en busca de una autorización para hacer las compras mediante contratación pública.
En cualquier caso, la Caja abriría el camino para otras instituciones deseosas de librarse de la obligación de comprar, a alto precio, productos cuya calidad no siempre resulta óptima. Otra ruta de solución podría ser un proyecto de ley, como el impulsado por la diputada Yorleny León, con el fin de permitir a las entidades públicas fijar las condiciones de compra, los parámetros de calidad, lugares de entrega y plazos. El proyecto de ley modera la exigencia del artículo 9 de la ley orgánica para consignar la obligación de los entes públicos de proveerse, en principio, del Consejo Nacional de Producción.
Ninguna de las tres posibles soluciones sería del agrado del Consejo porque todas le exigen competir, preocuparse por el precio y la calidad, además de cumplir rigurosamente las condiciones pactadas, como se espera de todo contratista. Esa no es la naturaleza del CNP y en ningún caso tendría la posibilidad de salir adelante. Solo la ventaja del monopolio concedido por ley garantiza su subsistencia. Esa es la mejor razón para cuestionarla.
Los ¢1.950 cobrados hace poco por 15 huevos (menos de un kilo) se habrían reducido a ¢700 el kilo en el supermercado, para no hablar de los productores. Los frijoles pagados a ¢1.300 cada bolsa de 800 gramos se podían adquirir en ¢834 en el mercado local, y eso que no hay garantía de la procedencia nacional del grano distribuido por el CNP. Los excesos se repiten con la carne de los hospitales y los productos vendidos a los comedores escolares. La verdad sobre el CNP es cada vez más evidente.
