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Planta del Consejo Nacional de Producción (CNP) en Liberia. (Ingrid Morales)
En una gravísima crisis fiscal, la Contraloría General de la República (CGR) rechazó planes de aumento salarial a 119 instituciones descentralizadas cuyos funcionarios no sufrieron afectación alguna por la pandemia. La emergencia sanitaria no ha pasado y el Congreso acaba de extender la facultad de reducir jornadas en la empresa privada, pero eso no mengua los ímpetus de la burocracia.
Los aumentos son ilegales y cuesta creer que tantas instituciones lo ignoran después de dos años de información y debates en torno a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Pero más que ilegal, la gestión queda debiendo a la decencia. Decenas de miles están desempleados, otros cobran salarios disminuidos, empresas de todos los tamaños luchan por sobrevivir y en 119 instituciones, donde nadie sufrió un rasguño, los jerarcas consideran indispensable un aumento, en algunos casos superior a la inflación.
La regla fiscal impide aumentar salarios y reconocer incentivos cuando la deuda del Gobierno Central supere el 60 % del producto interno bruto (PIB) y, como bien saben los jerarcas de la Administración Pública, en este momento el endeudamiento alcanza el 70 % y está en camino al 80 % si el país no consigue equilibrar sus finanzas.
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No obstante, en algunos casos, el rechazo de la Contraloría también se fundó en la diferencia entre los aumentos presupuestados y la inflación. Con apenas un 0,89 % de aumento en el costo de vida, hubo pretensiones de alzas del 6 %. Esa voracidad no podría ser más elocuente como argumento a favor del cambio.
El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Nacional de Seguros (INS), la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), Radiográfica Costarricense S. A. (Racsa), Correos de Costa Rica, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) y el Consejo Nacional de Producción (CNP) figuran entre las instituciones incluidas en las resoluciones de la Contraloría.
La utilidad de algunas de esas entidades ha sido puesta en entredicho y hay discusión sobre la conveniencia de preservarlas, pero ni al CNP ni a Racsa se les ocurre la autocontención, siquiera en un momento tan grave como el actual.
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En la lista hay 62 municipalidades (un 75 % del total). Cuando pretenden ampliar sus facultades, eximirse de la regla fiscal o conseguir alguna otra ventaja, alegan ser las instituciones más cercanas a las comunidades, pero eso no parece haberlas sensibilizado al sufrimiento causado por la pandemia y confirma su desinterés frente a la crisis fiscal, demostrado cuando presionaron al Congreso para eximirse de la regla establecida en el 2018.
Entre los gobiernos cuyos planes de aumentos fueron rechazos por la Contraloría están varios de los más grandes, como San José, Alajuela, Heredia, Escazú, Belén, Curridabat, San Carlos, Liberia, Limón, Puntarenas, Cañas, Goicoechea y Desamparados. También aparecen las superintendencias de Pensiones (Supén), Telecomunicaciones (Sutel) y General de Valores (Sugeval), así como el Banco Central, el Banco de Costa Rica y el Banco Nacional.
El caso llama la atención por la cantidad de instituciones, su naturaleza y el desapego de la realidad nacional, pero no debe causar sorpresa. Responde al comportamiento habitual de la burocracia costarricense y hasta hace poco produjo réditos, especialmente a los grupos más privilegiados del aparato estatal. Ahora es difícil hacerles ver el fin de la fiesta y la Contraloría merece nuestro agradecimiento por echarse a cuestas la tarea.
