El Estado costarricense regala pensiones, no solo las del Régimen No Contributivo, bien justificadas por el deber de solidaridad social. Tampoco nos referimos a las pensiones de lujo, ninguna de las cuales deja de ser regalada, cuando menos en parte, porque todas dependen de enormes cotizaciones del Estado como patrono y como tal. Hablamos del regalo más generoso, financiado con fondos públicos para beneficio de los funcionarios de cinco entidades estatales que, desde hace años y por disposición de leyes especiales y reglamentos, contribuyen hasta el 10 % de los salarios a regímenes que eximen al beneficiario de contribuir, como es el caso de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), o le exigen un aporte mínimo: un 0,5 % en el Banco de Costa Rica y el 1 % en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
En el Banco Nacional la cotización es del 5,5 %. Aun así, la contrapartida de la institución es del 10 %, sin justificación alguna. El Banco de Costa Rica aporta lo mismo como contrapartida del 0,5 % del empleado, el ICT un 5 % a cambio de nada y la CCSS, el 2 % sin contrapartida. El ICE aporta el 4,5 % de su nutrida planilla.
Todos esos funcionarios gozan de la tercera pensión, además de la jubilación pagada a la generalidad de trabajadores por el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP). ¡Qué fácil es ser generoso con el dinero de otros, en este caso, con el dinero de todos los costarricenses, propietarios teóricos de las instituciones regalonas!
Según datos de la Superintendencia de Pensiones, la jubilación mensual promedio de ese régimen de ultraprivilegio en la CCSS es de ¢160.000, pero en el ICE hay pagos por ¢1,6 millones y en el Banco Nacional el monto máximo es de ¢7,1 millones. Sí, leyó bien: ¢7,1 millones. Cuando los empleados ejercieron cargos en el sector educativo, por ejemplo, profesores universitarios, sus pensiones incorporan otros componentes de alto costo a cargo del presupuesto nacional.
Los regímenes complementarios de regalo tienen, por lo menos, 81.000 afiliados activos y unos 23.000 pensionados. Algunos muestran signos de inestabilidad actuarial, como informamos en la edición de ayer. En suma, muchos servidores públicos reciben sueldos de lujo, sin correspondencia con los niveles de responsabilidad de cargos similares en el sector privado, y en sus años otoñales cobran hasta tres pensiones, algunas de ellas jugosas, mientras otros adultos mayores pasan grandes necesidades porque reciben jubilaciones muy bajas o no reciben nada.
El sector público costarricense en mucho contribuye a aumentar la desigualdad de ingreso y de riqueza en la sociedad, y solo de tiempo en tiempo, casi siempre por acuciosidad de la prensa, la ciudadanía se entera de injusticias como las señaladas.
Si, tiempo atrás, las leyes y reglamentos optaron por repartir una enorme cantidad de recursos públicos entre un pequeño grupo de costarricenses, los diputados tienen ahora la oportunidad de corregir la inequidad. Es hora de derogar las disposiciones citadas y aprobar transitorios para atender las demandas de quienes están prontos a pensionarse o ya gozan del privilegio.
Los servidores del Estado tienden a convertirse en los principales beneficiarios del gasto estatal. Buena parte del llamado “gasto social” no llega a los necesitados y se queda en la administración, sea en forma de altos salarios y cargas sociales, sea en gastos superfluos, duplicación de funciones, privilegios y otros males. La tentación de “barrer para dentro” es muy grande.
Lo dicho es razón adicional para no crear entidades públicas con objetivos imprecisos y seguir muy de cerca el desempeño en todos los casos. La rendición periódica de cuentas no debe consistir en informar exclusivamente sobre lo gastado, sino también sobre los logros (idealmente cuantificados) obtenidos a cambio por la sociedad. Lo importante son los productos, no los insumos. Mientras no se actúe de esa forma, muchos servidores públicos antepondrán sus intereses personales a los de la sociedad que los contrató y las entidades públicas serán coto de caza para sus empleados. Ojalá la Asamblea Legislativa revise esta inequidad y tome acción correctiva.
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