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Pilotos del Ministerio de Seguridad Pública han venido documentado, en bitácoras oficiales, graves desperfectos en la vieja flotilla de la sección aérea. Si las aeronaves no fueran del Estado, probablemente el Estado les impediría volar. Para constatarlo, basta una rápida lectura del inventario de daños consignado en nuestra información de este lunes.
Las bitácoras dan cuenta de fallas eléctricas en pleno vuelo, instrumentos de navegación inútiles o imprecisos, tanques sin oxígeno, fugas de aceite, derrames de combustible, recalentamiento de turbinas, indicadores de combustible defectuosos, sistemas informáticos vencidos y trenes de aterrizaje averiados.
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Los pilotos de Seguridad Pública se arriesgan a diario, pero el peligro se extiende a altos funcionarios del Gobierno, incluido el presidente de la República, y pacientes de la Caja Costarricense de Seguro Social, trasladados desde regiones alejadas para recibir tratamiento en centros médicos mejor equipados. A menudo, esos pacientes deben viajar en compañía de personal especializado. La flotilla defectuosa también implica riesgos para las poblaciones a lo largo de las rutas transitadas y el personal de tierra.
Hay mecánicos sin licencia, encargados de reparar aviones con más de tres décadas de funcionamiento. Los mismos desperfectos son citados hasta en 18 bitácoras consecutivas antes de recibir atención, y reaparecen a los pocos días del arreglo. No obstante, la dirección del Servicio de Vigilancia Aérea (SVA) califica el mantenimiento como «muy bueno».
Para llegar a conclusiones totalmente distintas, La Nación revisó cientos de bitácoras de vuelo de los últimos cuatro años, planes de operación, denuncias e información presupuestaria. También entrevistó a pilotos y mecánicos del SVA, uno de los cuales denunció, hace apenas un año, la supuesta alteración de documentos relacionados con reparaciones de equipos y vencimiento de componentes. La denuncia fue presentada para evitar «una desgracia», según el firmante.
El presupuesto para reparación de aviones y helicópteros del Estado cayó de ¢937 millones en el 2016 a ¢111 millones en el 2020. Siete naves están varadas desde hace ocho meses. El avión de matrícula MSP-002, valorado en ¢4.000 millones y utilizado en labores de inteligencia y combate del narcotráfico, permaneció en el hangar durante un mes, el año pasado, por daños en el tren de aterrizaje. El contraste entre el valor de ese único avión y el presupuesto asignado al mantenimiento de toda la flotilla es desconcertante.
Aparte de los riesgos de accidente, la inactividad de las aeronaves del Estado, muchas de ellas decomisadas al narcotráfico, significa una pérdida de valiosos recursos para labores de rescate, ambulancia, vigilancia y coordinación de la captura de drogas y otros materiales ilícitos.
Los riesgos son demasiados para dejarlos pasar, e incluyen revivir los cuestionamientos a la seguridad aérea nacional. En mayo del 2019, la Administración Federal de Aviación (FAA) degradó a nuestro país a categoría 2 por falta de una adecuada supervisión de las empresas de aviación y deficiencias en la Dirección General de Aviación Civil, incluida la falta de experiencia técnica, personal, registros y procedimientos de inspección.
El país recuperó la categoría 1 en febrero, luego de un amplio esfuerzo llevado a cabo por las autoridades del sector. Un accidente en aviones del Estado, especialmente si se debe a falta de supervisión y mantenimiento, invitaría a cuestionar las enmiendas adoptadas para recuperar la clasificación más favorable, de la cual dependen significativas actividades económicas. El SVA requiere atención urgente y no peligrosas justificaciones.
