El 4 de este mes el Ejecutivo envió a la Asamblea Legislativa el convenio de adhesión nacional a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Se trata del paso final para que Costa Rica se convierta en miembro pleno de esa instancia de coordinación, intercambio y buenas prácticas en políticas públicas. Una vez que, como esperamos, reciba el apoyo de los diputados, seremos su integrante número 38, el primer país de Centroamérica y el cuarto de América Latina, luego de México, en 1994, Chile (2010) y Colombia, hace pocos meses.

Culminará así una ruta de 11 años —si contamos desde el proceso de acercamiento, en el 2009—, que ha movilizado un amplio compromiso y respaldo de actores públicos y privados, y en la que han participado cuatro gobiernos de dos partidos políticos distintos.

En la etapa final, son dignos de destacar el liderazgo ejercido por el Ministerio de Comercio Exterior en articular un proceso de coordinación interinstitucional y la responsabilidad y eficacia puestas de manifiesto por la casi totalidad de los diputados. Gracias a esa actitud y a la labor de una comisión especial establecida en setiembre del 2018, se aprobaron más de 15 leyes necesarias para la incorporación, la mayor parte dictaminadas por ella. Además, el trabajo minucioso del Gobierno Central y de instituciones descentralizadas permitió avanzar en varias reformas administrativas. De este modo, el país superó exitosamente todos los requisitos necesarios para que, el pasado 20 de mayo, el Consejo de la OCDE invitara formalmente a Costa Rica a suscribir su Convención.

El primer artículo del proyecto del Ejecutivo avala los términos de adhesión a la Convención y el contenido de esta, así como diversos protocolos, documentos que no pueden ser enmendados, y de cuya aprobación depende la incorporación final. Confiamos en que así será. Los otros tres artículos, en cambio, se refieren a materia local; en esencia, cómo manejará el Estado costarricense sus relaciones con la OCDE. Esta es una parte que los diputados deberán examinar con lupa, y sobre cuyo elemento central, que es la creación de un Consejo Rector Nacional en la materia, tenemos serias dudas.

Según la propuesta, esa instancia estará presidida por el jerarca del Ministerio de Comercio Exterior (Comex), que, además, actuará como secretaría técnica “y será responsable de la coordinación nacional entre los órganos, entes y poderes públicos que correspondan, según los temas de competencia de cada uno”. El consejo estará conformado, además, por los ministros de la Presidencia, Relaciones Exteriores, Planificación y Hacienda. Esto implicará que, en lugar de concentrar la rectoría (algo muy distinto a una simple secretaría técnica) en una sola instancia esta se diluirá entre cinco miembros.

Se trata, en el mejor de los casos, de una receta para la complejidad, la lentitud en la toma de decisiones y la dispersión de la responsabilidad política y programática; en el peor, sin embargo, podría conducir a conflictos que generen confusión e incluso parálisis. Es curioso, en este sentido, que se aclare explícitamente, sin que haya necesidad de hacerlo, que esa estructura se crea “sin perjuicio de las competencias que recaen en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto respecto de la definición y ejecución de la política exterior” del Estado, razón de más para incubar pugnas de competencia institucional.

En aras de la claridad, la transparencia y la eficiencia, lo mejor es que la rectoría sea asumida por una sola cartera. En este caso la decisión lógica es que recaiga en el Comex, no solo por la índole de la materia, sino porque durante todo este proceso ha dado sobradas muestras de liderazgo, competencia y capacidad coordinadora. Esto no implica que se convierta en una actor solitario. Por una parte, deberá estar sometido a las políticas del Ejecutivo; por otra, podría establecerse un consejo coordinador o consultivo —no rector— que sirva de instancia articuladora y que, a la vez, canalice y supervise las tareas que corresponden al resto de la institucionalidad involucrada en las interacciones con la OCDE, que será muy numerosa y diversa.

Se establece que la delegación nacional ante la organización “formará parte de Comex”, que financiará su operación; sin embargo, la integración será establecida por el Ejecutivo “previa consulta” con el Consejo Rector, y no se aclara cuál será la línea de autoridad sobre dicha delegación y el embajador que la encabece. Esto podría convertirse en otra posible fuente de confusión y entropía.

Complicar la gobernanza de una relación de tanta trascendencia para el país como la que tendremos con la OCDE es un grave error. Cuanto más claras y directas las instancias, autoridad y responsabilidades, mejor. Es algo que deberían tener muy en cuenta los diputados durante el trámite del proyecto.