EscucharJohnny Mejía anunció la renuncia a su cargo de presidente del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) el martes 1.º de junio, porque en la entidad hay una «mafia» interna y «dirigentes corruptos» enfrentados por el dominio de la institución por cuyas arcas fluyen ríos de recursos públicos.
No es la primera advertencia sobre irregularidades en la institución, intervenida hasta hace poco más de un año. Mejía asumió la presidencia en diciembre del 2019, cuando finalizó la intervención. Ese proceso debió sanear la entidad, pero si 18 meses después el presidente ejecutivo se bate en retirada con justificaciones tan graves, es obvia la necesidad de una nueva revisión, más allá de los indicadores financieros y de que Mejía decidiera quedarse aduciendo que se lo solicitaron.
La efímera renuncia, por los motivos alegados y con tan poco tiempo transcurrido desde el fin de la intervención, apunta a debilidades más profundas. Las conocidas falencias económicas del Infocoop no pasan de ser un síntoma de los graves problemas de gobernanza y las luchas internas por el poder y el manejo de los cuantiosos recursos.
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La cartera de crédito del Instituto supera los ¢121.000 millones y la morosidad alcanza el 27,2 %. El porcentaje se cuadruplicó entre el 2012 y el 2020. Según la auditoría practicada este año por la Contraloría General de la República, la gestión financiera del Instituto «no está orientada a garantizar su sostenibilidad financiera» y ni siquiera se ha establecido un límite de tolerancia a la morosidad.
En buen romance, el Infocoop es un barril sin fondo para abundantes recursos públicos, incluido el 10 % de las ganancias de los bancos estatales, cuyos administradores preferirían girar el dinero directamente al Ministerio de Hacienda, donde se le podría dar mejor uso. Los dos grandes bancos públicos proponen eliminar las cargas parafiscales (no solo el 10 % del Infocoop), a cambio de un solo pago de dividendos al gobierno, que decidiría cómo emplear los recursos de acuerdo con las necesidades del momento.
El estímulo al cooperativismo no debe consistir en financiar emprendimientos ruinosos por el solo hecho de ejecutarse con arreglo a ese modelo de organización empresarial. La viabilidad del plan de negocios y los requisitos de buena administración deben ser examinados con el mismo rigor aplicado a todo solicitante de crédito. Lo contrario es cortejar el fracaso, tan frecuente y costoso.
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Por las mismas razones, las entidades encargadas de proveer el financiamiento deben someterse a las normas usuales de evaluación de las entidades financieras. Es inconcebible, en vista de las dificultades fiscales y económicas, mantener el flujo de recursos hacia una institución no «orientada a garantizar su sostenibilidad financiera», para utilizar las palabras de la Contraloría.
Cuando la Contraloría publicó el informe, el Infocoop atribuyó el desorden a administraciones anteriores y defendió la gestión emprendida en diciembre del 2019. El comunicado circuló el 12 de mayo pasado, en la presidencia de quien renunciaría mes y medio después para alejarse de la «mafia» interna y los «dirigentes corruptos», pero ahora se quedará.
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El presidente ejecutivo, cuando anunció las razones de su dimisión, rehusó dar detalles, identificar a los protagonistas de las disputas internas, los integrantes de la «mafia» o describir los actos de corrupción atribuidos a parte de la dirigencia. No obstante, sus revelaciones exigen investigación y seguimiento, por consideración al esfuerzo de los contribuyentes y para bien del cooperativismo. La historia de fracasos, pérdidas, condonaciones y escándalos debe llegar a su fin. Quizá el examen sugerido por las declaraciones de Mejía contribuya a lograr ese objetivo.
