Editorial: Nueva embestida contra el ROP

Propuestas ancladas en la cultura política del siglo pasado, con el clientelismo y el regalito como norte, subsisten en los partidos tradicionales y encuentran abrigo en varios de los emergentes. En ellas, prima el cortoplacismo y la estrechez de miras de la política de campanario, incapaz de articular una visión de futuro. Ninguna propuesta lo ejemplifica mejor que la devolución del 30% de los recursos acumulados en el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) para pagar deudas.

Es el segundo asalto al sistema complementario de pensiones creado para compensar la pérdida de valor de las jubilaciones del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y garantizar una vejez digna a sus afiliados. Para establecer el nuevo régimen, en el año 2000, sus creadores imaginaron la realidad de nuestros días, hicieron proyecciones financieras, visualizaron tendencias demográficas y promovieron la reforma más seria en el campo de las jubilaciones desde la creación del IVM.

En el 2000, cuando la Asamblea Legislativa creó el ROP mediante la Ley de Protección al Trabajador, impulsada por la administración Rodríguez, el beneficio del IVM era un 60% del salario de referencia. Cinco años más tarde, la CCSS lo redujo al equivalente a entre un 43 y un 52,5% del salario de referencia. Ahora, se acaba de hacer una nueva reforma y el futuro de los beneficios no parece halagüeño.

Hoy, de un plumazo y sin ponderación de las consecuencias, el diputado liberacionista Francisco Nicolás insiste en devolver la tercera parte de los fondos para pagar deudas. La pandemia, no cabe duda, pesó con fuerza sobre las finanzas de muchos hogares costarricenses, pero el endeudamiento la precedió como motivo de preocupación y persistirá aunque se hiciera la entrega parcial del ROP.

Si las deudas fueran, por sí mismas, justificación suficiente para echar mano de los recursos de las pensiones complementarias, la reforma legal pudo haberse impulsado hace años y podría repetirse en el futuro. Pero el régimen complementario no es para eso. Su fin es garantizar una vejez digna, no disminuir el endeudamiento actual.

La Asamblea Legislativa saliente debilitó el régimen con la ley para permitir los retiros anticipados. Afortunadamente, la nueva no parece dispuesta a transitar por el mismo camino. Si lo hiciera, el presidente, Rodrigo Chaves, ya anunció la intención de interponer el veto. No obstante, el diputado Nicolás promete insistir.

La embestida contra los fondos complementarios se ha cobijado con el manto de la devolución para que cada cual haga con su dinero lo que quiera —sin decir quién se encargará de sufragar los gastos de la vejez—, o para cancelar deudas, en muchos casos, de forma parcial. En su momento, los fondos también fueron blanco de la voracidad fiscal, cuando se intentó gravarlos pese a las exoneraciones contenidas en la ley y, también, hubo burócratas de la CCSS que soñaron con utilizarlos para apuntalar el IVM.

Los intentos coinciden con la maduración del sistema, cuyos 22 años ya permiten complementar al IVM con mensualidades significativas. Atrás quedaron los tiempos del retiro total por los trabajadores cuyos fondos no alcanzaban para justificar la administración de un pago mensual. El ROP llegará a la madurez en el 2035 y pagará cerca del 35% de la pensión principal.

El éxito del sistema se ha transformado en su principal riesgo. Es mucho el dinero acumulado para desaprovechar los réditos políticos de su manipulación. Quienes disminuyan hoy su nivel de endeudamiento podrán agradecer al diputado Nicolás, pero cuando les sorprenda la vejez con angustiantes necesidades, no recordarán a quién reclamarle. Esa es la apuesta demagógica cortoplacista.