Escuchar este artículoDos tuberías clandestinas para transportar combustibles detectadas en una propiedad en Santa Rosa, distrito del cantón de Santo Domingo de Heredia, vuelven a poner sobre el tapete la sustracción de hidrocarburos del poliducto de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y el grave riesgo para la vida y los bienes de quienes tengan el infortunio de estar cerca.
Agentes judiciales y perros entrenados para la detección de hidrocarburos encontraron las tuberías clandestinas equipadas con componentes sofisticados, como válvulas industriales para impedir a Recope la detección del robo. Las dos tuberías nacen de una sola fuente y van a dar a una bodega próxima a la entrada de la propiedad. En la construcción, caben varios camiones al mismo tiempo.
El robo de combustible es un delito frecuente. El Departamento de Protección de Bienes de Recope, encargado de investigar las conexiones ilícitas, recibe una alerta al día. En el 2019, antes de la pandemia, el robo de combustible causó ¢1.152 millones de pérdidas al Estado. Más allá del daño económico, el delito ocasiona graves efectos ambientales, incluida la contaminación de nacientes, ríos y zonas protegidas.
El perjuicio más grave, sin embargo, es el riesgo constante de un accidente cuyas dimensiones pueden ser trágicas. El ocultamiento de la toma ilegal impide a los vecinos albergar siquiera una sospecha. En junio del 2021, por ejemplo, la policía encontró una conexión dentro de una vivienda en Esparza, Puntarenas. En las habitaciones había dos tanques con unos 1.000 litros de diésel cada uno y un enorme potencial destructivo.
El peligro puede verse en México, donde la sustracción de combustible del oleoducto de Pemex es tan serio que ya tiene nombre específico: huachicol. Los huachicoleros han causado grandes tragedias, como la explosión en Tlahuelilpan, estado de Hidalgo, donde 93 personas perdieron la vida en enero del 2019. Las válvulas clandestinas fallaron y el líquido inflamable se esparció por el área. Mucha gente se acercó para recolectarlo y una chispa bastó para causar la explosión. El mismo día un accidente idéntico hizo estallar el poliducto en San Juan del Río, estado de Querétaro.
El peligro se esparce más allá del lugar de las conexiones clandestinas. El combustible robado debe ser transportado y almacenado. El trasiego artesanal, en vehículos no especializados, pone a rodar auténticas bombas ambulantes. Uno de los casos más sonados en nuestro país es el de una banda dedicada a sustraer combustible de dos conexiones en una calle paralela a la ruta 27. El combustible era comercializado en una gasolinera cercana, pero antes lo almacenaban en una finca en Atenas. Luego, lo trasladaban a un predio en San Francisco de Heredia y de ahí a la gasolinera utilizando camionetas y pichingas. Nadie, a lo largo del extenso recorrido, estuvo a salvo mientras duró la ilícita operación.
El 26 de mayo del 2020 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley para Sancionar el Apoderamiento y la Introducción Ilegal de los Combustibles Derivados del Petróleo y sus Mezclas (n.° 9852), que castiga hasta con 15 años de cárcel a los ladrones de hidrocarburos. La severidad de la normativa revela una cabal comprensión del delito sancionado. Es mucho más que un simple robo. El complemento de esa valoración hecha por los diputados sería la decisión del Ministerio Público de poner énfasis en la persecución de cada caso, grande o pequeño, para asegurar el castigo. Los jueces, por su parte, están llamados a valorar el peligro creado para tantos inocentes.
