El pasado 4 de noviembre, el ministro de la Presidencia llegó a Turrúcares a un conversatorio organizado por Casa Presidencial. Allí, Rodrigo Chaves ofreció a los vecinos cerca de ¢6.000 millones en centros de cuido, mejoras en rutas nacionales, dos puentes y un colegio técnico. La letra pequeña del ofrecimiento es que todo esto llegaría solo si la Municipalidad de Alajuela retira, antes del 2 de diciembre, el proceso de lesividad contra los permisos del relleno sanitario de EBI.
Chaves no llegó a anunciar inversión social. Un colegio, un puente o un centro de cuido no son un obsequio de un gobernante de turno, sino una obligación del Estado con la población, piense lo que piense sobre un basurero. Condicionarlos a que una comunidad renuncie a sus defensas legales es convertir derechos en moneda de cambio. Es un chantaje con fondos públicos, aunque se disimule con institucionalidad y cifras.
Las formas de Chaves completaron el cuadro. Cuando el presidente del Concejo preguntó a los presentes si apoyaban el relleno y la respuesta fue negativa, Chaves echó mano de su consabido recurso al insulto y la humillación, y el foco de su ataque esta vez fue la regidora Patricia Guillén, quien exhibía una pancarta contra el relleno.
El ministro le pidió acallar a un grupo de opositores, y ante su negativa, la tildó de comunista y la mandó a tomarse “un tecito de tilo”, mientras algún acólito trataba de arrebatarle la pancarta. En el fondo, grupos de simpatizantes gritaban y aplaudían el circo ministerial. Así se forma una corte: el jefe se burla y los suyos celebran. Es el método del “lero lero” que ya le conocemos bien: no se rebate al adversario, se lo rebaja de categoría. En el conversatorio hubo de todo menos conversación, ya que Chaves dio por terminada la sesión, no sin antes advertirles a los vecinos que la oferta de obras que hizo quedó sobre la mesa, pero vence pronto.
Hay, además, un problema institucional. Los certificados de uso de suelo de EBI, declarados nulos por la Municipalidad y en proceso de lesividad, datan de 2011 y el ayuntamiento ha intentado revertirlos más de una vez; a la fecha, existe un proceso en estudio. Corresponde al Concejo y a los tribunales decidir si ese camino continúa. Los plazos de Chaves atados a una zanahoria de ¢6.000 millones vacían de contenido la autonomía municipal que la Constitución garantiza.
Según el propio Chaves, EBI reclama $154 millones en un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) y solo la defensa del país costaría $4 millones.
El reclamo de la empresa es eso: un reclamo. Lo que resulta deleznable es que un ministro de Estado y expresidente de la República tome partido públicamente a favor de la empresa en la demanda internacional, calificando la actuación de la Municipalidad de Alajuela como “impericia” o “torta”, y adelantando criterio de cómo el país perderá en el arbitraje.
Si alguien exhibe impericia aquí es el ministro, cuyas palabras se convertirán en prueba en el expediente. Si el país decide pagar, negociar o litigar, es una decisión que le compete al Ejecutivo; lo inaceptable es trasladar la responsabilidad a la comunidad a cambio de un basurero y un puñado de obra pública.
La pregunta que surge es qué hace el ministro de la Presidencia y de Hacienda empujando, en persona, un relleno privado. Nadie discute que el país necesita un lugar donde disponer sus residuos y dos de los siete rellenos están en cierre técnico. Pero esto no justifica que un jerarca se ponga la camiseta de una empresa para hacer cabildeo ofreciendo obra pública.
El asunto se pone más turbio cuando La Nación revela que Juan Carlos Obando, quien se presenta como asesor de EBI, donó ¢5 millones al partido oficialista en agosto de 2025 y dice haber coordinado el transporte de la campaña de Laura Fernández.
Debe tenerse presente que Obando fue gerente de EBI y en 2010 lo condenaron a un año de prisión por dar una dádiva a un alcalde de Aserrí mientras se tramitaba el relleno de El Huaso. La sentencia quedó firme en 2011. También lo recordamos como gerente de Relaciones Corporativas de Industrias Infinito, filial de la empresa que perdió el arbitraje de Crucitas contra el Estado.
EBI sostiene que Obando no integra su planilla. Nada prueba que las decisiones sobre Turrúcares respondan a esa cercanía y no lo afirmamos, pero el contexto exige preguntas. ¿Por qué el partido de gobierno acepta dinero de una persona condenada por dar una dádiva a un alcalde y muestra tanto interés en un proyecto que depende de decisiones del Estado? ¿Por qué el ministro aparece, casi como promotor, empujando la iniciativa de la compañía que este financista dice asesorar?
Ni Chaves ni este gobierno pueden alegar desconocimiento de una diferencia elemental: una cosa es el interés público y otra, muy distinta, el interés de una empresa privada.
