El Ministerio de Educación Pública (MEP) les sumó cinco puntos a las calificaciones de las pruebas nacionales de los estudiantes de colegios técnicos. Alterar los resultados con los cuales se certifica la formación del estudiantado no es una decisión menor: requiere fundamentos verificables. Las razones expuestas por el jerarca de la cartera no permiten entender cómo se eligió esa cifra ni por qué las dificultades vividas por una generación justificarían dicho ajuste.
El orden en que se dieron los hechos aumenta las dudas. Los resultados se entregaron el lunes 2 de noviembre y La Nación consultó al MEP desde el miércoles 4, aunque fue hasta la tarde del jueves 5 de noviembre cuando llegó la explicación del ministro Leonardo Sánchez.
Las actas, entregadas a las Direcciones de los centros educativos y con resultados dirigidos a cada estudiante, advertían del ajuste. Pero esa comunicación restringida no equivalía a una explicación pública de los fundamentos de la decisión.
No es la prensa la que debería tener que reconstruir las razones de una decisión que ya había sido aplicada. Tratándose de un beneficio directo para los estudiantes y sus familias, extraña que no se anunciara antes de entregar los resultados o simultáneamente con su entrega. Más aún: ¿por qué no se anunció el obsequio de los 5 puntos en la conferencia de prensa de los miércoles en Zapote? ¿Por qué una medida de esta trascendencia solo fue explicada por el ministro después de las consultas periodísticas?
Leonardo Sánchez defendió las pruebas como técnicamente sólidas y confiables, con más preguntas y mayor cobertura curricular. Pero tales características no explican el aumento de los puntos. Si se identificó un problema de medición, corresponde precisar cuál fue y cómo se corrigió. Si se decidió flexibilizar la certificación, corresponde reconocerlo y fundamentarlo. Debe explicarse por qué fueron cinco puntos, con base en qué estudio y quién lo autorizó.
Cinco puntos tampoco equivalen a un aumento del 5%. La prueba aporta el 40% de la calificación final y la nota de presentación, el 60%. El MEP debe precisar dónde incorporó el incremento y cuántos estudiantes lograban aprobar antes de hacer el ajuste, así como después de aplicarlo. El ministro asegura en sus declaraciones que los resultados originales se conservan. Publicarlos de forma agregada, junto con los resultados ajustados, permitiría separar el desempeño observado del efecto de la decisión administrativa.
En su mensaje grabado, Sánchez dice: “Ser justos no significa dejar de ser exigentes”. Esa justicia a la que se refiere merece contrastarse con un antecedente. En diciembre de 2024, ante solicitudes de familias, la entonces viceministra Guiselle Alpízar declaró: “No podemos atender la solicitud explícita que hacen de aplicar una curva para esos estudiantes”. Agregó que los padres y encargados debían estar atentos durante el curso lectivo y dar seguimiento al avance académico de sus hijos. A quienes no alcanzaron la nota requerida se les remitió a la convocatoria de ampliación.
Aquella generación también había vivido las huelgas de docentes y la pandemia. Sin embargo, en esa ocasión se enfatizó en la responsabilidad familiar. Ahora, en cambio, se invoca la equidad para justificar el regalo de los puntos adicionales. ¿Qué criterio cambió? Es cierto que las evaluaciones difieren y no corresponde exigir el mismo ajuste para todos los años. Pero el MEP sí debe demostrar por qué esas diferencias justifican el trato actual y cómo determinaron la magnitud de la compensación.
El problema trasciende esta promoción. Desde 2018, el país ha transitado por las pruebas de bachillerato, las pruebas nacionales FARO (2019), las pruebas nacionales estandarizadas (introducidas en 2023) y las nuevas evaluaciones de este 2026. Tantas rupturas dificultan construir una referencia estable sobre la evolución de los aprendizajes.
Seguimos expuestos a un espejismo: interpretar cifras de aprobación como señales de mejora sin distinguir cuánto cambió la educación y cuánto cambiaron los instrumentos y las reglas para certificarla.
El gobierno que reivindica la continuidad debe responder por los dos diseños sucesivos de evaluaciones que ha implementado. La calidad técnica de las aplicadas a partir de 2023 –durante la gestión de Anna Katharina Müller– fue cuestionada por el Estado de la Educación. Ahora, el segundo diseño, anunciado como una mejora, llega a la entrega de resultados con un ajuste cuya magnitud sigue sin una explicación pública verificable.
Esto no demuestra que la nueva prueba sea inválida, pero las preguntas continúan sin respuesta y resulta inevitable cuestionarse si, con los 5 puntos añadidos, se buscará facilitar un relato político de recuperación educativa. Una mejora en la promoción producida por el cambio de calificaciones no demuestra mejores aprendizajes y presentarla como tal convertiría la evaluación en un recurso propagandístico.
El Estado de la Educación propuso en 2025 una instancia autónoma de evaluación que articule marcos conceptuales rigurosos, instrumentos de calidad y mecanismos de análisis, difusión y uso de resultados. Separar esa función de la conducción cotidiana del MEP permitiría establecer contrapesos frente al interés de cualquier gobierno por exhibir éxitos. Porque las evaluaciones deben orientar la enseñanza y permitir la verificación de resultados con criterios que trasciendan al jerarca de turno.
El expediente 25.293, presentado por la hoy exdiputada Andrea Álvarez, permite discutir esa reforma. Su propósito debe traducirse en una garantía concreta: que el diseño de las pruebas, la interpretación de sus resultados y su divulgación respondan a criterios técnicos verificables, protegidos de la conveniencia política. Cualquier ajuste que afecte la certificación de los estudiantes debe quedar documentado y sujeto a revisión independiente.
Los estudiantes merecen oportunidades para aprender. El país, garantías para distinguir una mejora educativa de un espejismo estadístico.