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Por segundo año consecutivo, el gobierno pidió a los diputados autorización presupuestaria para crear 2.000 plazas de cocineras escolares en el Ministerio de Educación Pública (MEP). La intención es cumplir el compromiso adquirido en la convención colectiva negociada el año pasado entre el MEP y los sindicatos.
Poco después de firmada la convención, los legisladores rechazaron por primera vez la petición. Las mismas razones subsisten para hacerlo este año. La presidenta de la comisión de Hacendarios, Ana Lucía Delgado, tiene toda la razón al cuestionar el segundo intento del Ministerio de Hacienda. La evidente intención de hacer ver a los diputados como responsables del incumplimiento de un compromiso adquirido no concuerda con la buena fe requerida para impulsar los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y más bien contradice los buenos propósitos de esa agenda.
El MEP asumió el compromiso sin contar con el dinero y sin consultar con los diputados. Los congresistas se vieron tan sorprendidos como el resto del país cuando este diario informó de la firma de la nueva convención colectiva justo cuando se debatían los efectos ruinosos de muchos de esos instrumentos, en plena pandemia y crisis fiscal.
El compromiso no es de los diputados, y nunca debió ser adquirido por el MEP, dada la difícil situación fiscal del país y las probadas consecuencias negativas de seguir enmarcando las relaciones de empleo público en el Servicio Civil en lugar de utilizar otras modalidades de contratación, como la elegida por las juntas de educación.
El año pasado, los legisladores rechazaron las plazas por falta de evidencia de una reducción del gasto en comparación con el modelo actual. La demostración también se echa de menos este año y todo apunta en la otra dirección, sobre todo la experiencia histórica, tantas veces ignorada a la hora de tomar decisiones. Las objeciones fundadas en las dificultades fiscales también siguen vigentes. La solicitud está incorporada en el presupuesto nacional del 2022, por un total de ¢11,5 billones, que se financiará en un 47 % con endeudamiento.
La convención colectiva estableció la creación de 2.000 plazas en el 2021 y otras 2.000 en el 2022; sin embargo, la necesidad de crearlas es muy dudosa. Los contratos por servicios vigentes están incorporados en el presupuesto y han venido funcionando bien hasta el momento. Las razones alegadas por la ministra de Educación, Guiselle Cruz, para defender el aumento de plazas el año pasado tienen un alarmante sesgo populista: la pretendida ampliación de la planilla se relaciona con una «política social», afirmó.
La política social se desarrolla por otros medios, no mediante la creación de plazas en el aparato estatal. En un país donde el desempleo alcanza el 17 % una «política social» como la planteada por la ministra tendría muchos otros beneficiarios con prioridad mientras se produce la definitiva ruina del Estado. Las cocineras, después de todo, ya tienen empleo.
Ni la creación de plazas es una política social ni es cierto el supuesto ahorro alegado por el MEP. Tampoco está claro el beneficio para los comedores escolares de contratar cocineras prácticamente inamovibles de conformidad con las normas vigentes. La pretensión del MEP es de su exclusiva responsabilidad y debe ser rechazada, una vez más. El gobierno, por su parte, debe detenerse a pensar en el daño a su credibilidad en un momento crítico para el país, cuando el discurso de orden fiscal no admite incoherencias. La convención colectiva del MEP llegó en mala hora. Revivir el debate cada año es, cuando menos, contraproducente.
