EscucharEl lunes 26 del pasado mes, la Corte Plena comenzó a conocer la acusación penal que enfrentan el presidente Rodrigo Chaves y su ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, por la presunta contratación irregular de servicios de comunicación para la Casa Presidencial con una donación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). La Fiscalía General de la República les atribuye el delito de concusión que, según el artículo 355 del Código Penal, lo comete “el funcionario público que, abusando de su calidad o de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o un beneficio patrimonial”.
El análisis del caso por parte de la más alta instancia del Poder Judicial es parte del proceso, debidamente regulado, que protege a los miembros de los supremos poderes acusados penalmente, como es su caso. La acusación fue presentada el 7 de abril. Tras recibirla, la Secretaría de la Corte remitió el expediente a la Sala Tercera (penal), donde un magistrado suplente, designado según un sistema de rotación objetivo, lo examinó y emitió un informe, por ahora confidencial, que servirá de base para el análisis de la Corte Plena.
Al término de su consideración, los magistrados determinarán si la acusación es admisible. Si lo fuera, el expediente pasará a la Asamblea Legislativa. Esta deberá decidir, mediante el procedimiento establecido por su Reglamento Interno, si se levanta o no la inmunidad de que gozan los dos funcionarios. Caso de que así sea y proceda el juzgamiento, corresponderá hacerlo a la Sala Tercera.
Resumimos los pasos establecidos para dejar en evidencia que se trata de un procedimiento sumamente cuidadoso, en el cual los acusados gozarán de garantías procesales plenas, incluso con instancias de análisis y control más robustas que las existentes en la justicia ordinaria.
A pesar de una realidad tan clara, desde mucho antes se ha producido una arremetida feroz, liderada por el presidente Chaves, secundada por sus principales escuderos y amplificada por seguidores (espontáneos o no) en redes sociales y medios de comunicación afines, para poner en duda el proceso; atacar al fiscal general, Carlo Díaz –por cumplir con su deber– y sembrar dudas sobre la rectitud de los magistrados.
Estos ataques concertados nada tienen que ver con el ejercicio de la libertad de expresión. Al contrario, son un crudo e inaceptable intento por interferir en el curso de la justicia a favor de dos imputados: el presidente de la República y un ministro, algo que los torna aún más reprobables. También están orientados a desacreditar otras posibles acusaciones, sobre temas más consecuentes, que podrían involucrar a Chaves y a otros de sus colaboradores.
En esta coyuntura, los ciudadanos esperamos de los magistrados una actitud objetiva, firme, carente de temores ante los acosos –o, incluso, posibles amenazas– y meticulosamente apegada a sus deberes constitucionales, legales, jurisdiccionales e, incluso, ciudadanos. Es parte de nuestra confianza en la institucionalidad.
Según informó la Corte Plena en su sesión del 26 de mayo, “se conocieron y resolvieron varias solicitudes de inhibición por parte de magistrados y magistradas”. No dudamos de la legitimidad o necesidad de sus razones, pero inquieta que sean “varias” las peticiones de inhibirse. Confiamos en que ninguno de los casos sea producto de presiones o acoso externo.
Precisamente, en una de cuatro infografías divulgadas ese mismo día, el Poder Judicial se vio obligado a desmentir la presunta existencia de un video de una sesión de Corte Plena donde se mencionan 18 inhibitorias en relación con “la causa penal contra el presidente”. Se trató, claramente, de una falsedad que, precisamente por serlo, revela cómo el tema se ha tratado de manipular para interferir en el curso normal de la justicia o, al menos, desacreditarlo. Por algo esa infografía cierra con esta frase: “Quienes lo difunden están promoviendo desinformación. NO CAIGA EN LA TRAMPA” (así, todo en mayúsculas).
Tal tipo de maniobras o trampas no es ajeno al arsenal activado –en esta y otras instancias–, por el aparato de comunicación ligado al Ejecutivo. Tampoco le ha sido ajeno algo tan delicado como divulgar información protegida por el secreto bancario, algo que Chaves hizo al juramentar a los directores del Banco Nacional nombrados tras destituir, con dudosos fundamentos, a los existentes.
Con esas acciones y declaraciones no solo pretenden distorsionar la realidad, sino también amedrentar a quienes están a cargo de tomar decisiones políticas, regulatorias, administrativas o jurisdiccionales, en instituciones independientes. En este caso, hablamos de aquella que es garante final de la justicia. Confiamos en que la Corte Plena pasará esta prueba con impecable rectitud y serena valentía. Su integridad es pilar de su desempaño y fundamento esencial para la solidez de nuestra democracia.
