EscucharLos integrantes de la Corte Suprema de Justicia acordaron solicitar a la Asamblea Legislativa una reforma de ley para elegir mediante voto público al presidente y vicepresidente del Poder Judicial. La reforma es necesaria para alinear a la Corte con la jurisprudencia de la Sala Constitucional sobre los principios de publicidad y transparencia.
En esa tesitura, no parece casualidad que la propuesta fuera planteada por un magistrado de la Sala IV, Paul Rueda, y recibiera el respaldo de otros magistrados de la jurisdicción constitucional, incluido Luis Fernando Salazar, quien en ese momento encabezaba, ronda tras ronda, las votaciones celebradas por el método tradicional.
La Ley Orgánica del Poder Judicial establece el voto secreto. Por eso, la pretensión de celebrar la elección en público solo puede concretarse mediante la reforma o una declaratoria de inconstitucionalidad de la ley. Además de la petición al Congreso, existe un recurso de amparo interpuesto por el Sindicato de la Judicatura.
El expresidente de la Corte y también magistrado de la Sala Constitucional Fernando Cruz coincidió en calificar la disposición legal como “infranqueable”, pero se sumó al llamado de la mayoría para cambiar las reglas porque “el poder requiere siempre de una gran transparencia”.
Rueda definió el dilema con precisión: “Los principios de transparencia y publicidad evidentemente no se limitan al Poder Legislativo, sino que de la misma manera irradian sobre todos los poderes públicos (...). Estoy convencido de que, por un lado, la inconstitucionalidad del numeral 59.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se da y, por otro lado (…) tenemos la inexorable obligación de respetar el principio de legalidad y el hecho de que esta norma está vigente”.
El cambio puede darse por sentado para futuras votaciones porque la fuerza moral de la petición de los magistrados lo impulsará en la Asamblea Legislativa. La propuesta logró el respaldo de 18 altos jueces y otros 4 se abstuvieron. La jurisprudencia de la Sala IV en el caso de la Asamblea Legislativa también presagia la derogatoria de la ley cuando se le aplique el control de constitucionalidad.
En consonancia con la Constitución, el voto secreto solo es admisible en casos calificados y la regla es la publicidad, ha dicho la Sala a los congresistas. Esa línea jurisprudencial seguramente influyó en la reciente reforma del reglamento legislativo para exigir el voto abierto en el nombramiento de magistrados y otros altos funcionarios. La nueva regla se aplicó por primera vez la semana pasada, cuando el Congreso ratificó la propuesta del Ejecutivo de instalar a Erick Bogantes en el cargo de regulador general.
La decisión de los magistrados acierta en la valoración de los principios democráticos y está en sintonía con las exigencias de los ciudadanos. La transparencia es un elemento indispensable para frenar la erosión de la confianza en las instituciones, entre ellas, el Poder Judicial, baluarte del sistema democrático. El secretismo alimenta la sospecha, muchas veces sin razón.
Entre los funcionarios del Estado, los jueces son los más habituados a ejercer el cargo con transparencia. La publicidad es norma en varias jurisdicciones y el resultado del proceso lleva la firma de los jueces. Sus decisiones son apeladas por las partes y revisadas por los superiores con pleno conocimiento de la identidad del juzgador y, cuando los nombres de las partes se suprimen en los registros, los de los jueces permanecen. No hay motivo para impedir la misma transparencia en la elección de altos cargos del Poder judicial.
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