Una advertencia y una denuncia, formuladas por Roberto Thompson, alcalde de Alajuela, y Diego Miranda, de San José, deben encender las luces de alarma sobre la estrategia del Poder Ejecutivo para subordinar los municipios a sus intereses políticos. Su intención final, difícil de ocultar, es beneficiar las aspiraciones del partido oficialista, Pueblo Soberano, con vistas a las elecciones locales de 2028. Antes, lo fue para incidir en la presidencial.
Thompson se manifestó durante una poco concurrida reunión celebrada el 31 de octubre por el secretario general de Liberación Nacional (PLN), Miguel Guillén, con 10 de los 29 alcaldes de su partido. Recordó que, por la dependencia de muchos gobiernos locales de los recursos gubernamentales para atender las necesidades de sus comunidades, su posición es en extremo vulnerable a las presiones.
Su advertencia quedó muy pronto confirmada por los hechos, cuando el ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves, adoptó una actitud con matices de amenaza ante vecinos de Turrúcares, distrito del cantón de Alajuela. Condicionó supuestas inversiones en obra pública a que la Municipalidad de Alajuela retire, antes del 2 de diciembre, un proceso de lesividad contra el intento de la empresa EBI de establecer un relleno sanitario en esa comunidad. Hasta ahora, las autoridades locales se han mantenido firmes en rechazar esa indebida presión.
Las presiones no son nuevas y afectan, especialmente, a las municipalidades más débiles. Son estas las que, en medio de enormes carencias, deben atender desafíos profundos y extendidos en sus comunidades, generalmente pobres. Lo nuevo es que el color político de sus alcaldías o el balance de fuerzas en los concejos no eran, antes de 2022, factores determinantes para recibir apoyo del Ejecutivo. Ahora, en cambio, sí lo son, y se manipulan de forma solapada, pero con muy poco pudor. Si dan muestras de subordinación, la llave se abre; si no, se cierra.
A lo anterior se añaden el ofrecimiento de puestos para inducir el cambio de lealtades políticas de alcaldes y regidores y el disminuido músculo territorial de los partidos opositores. Por algo, 19 alcaldes, particularmente del PLN, la Unidad Social Cristiana (PUSC) y Unidos Podemos, se adhirieron al proyecto político del PPSO antes de las elecciones de este año.
Las presiones contra la Municipalidad de San José (MSJ) han sido particularmente intensas y por medios muy diversos. De ahí la denuncia que planteó el alcalde Miranda en una entrevista con La Nación, que publicamos el domingo 1.° de noviembre.
En ella, culpó al Ejecutivo de “sabotear”, en todo lo posible, el desempeño del gobierno capitalino para abordar problemas y ofrecer bienestar. No se trata tanto de un “divorcio” entre las partes, según declaró, sino de una embestida en su contra.
Su queja viene desde hace meses. El 15 de setiembre, durante un acto conmemorativo de la Independencia al que asistió la presidenta Laura Fernández, Miranda le reclamó su insistente resistencia a reunirse con él y coordinar tareas esenciales. El éxito de muchas depende de acciones multisectoriales, que involucren al Gobierno Central y los gobiernos locales, no solo de San José, sino también de otros cantones metropolitanos. Entre ellas están la disposición de desechos sólidos, el manejo del transporte, el ordenamiento territorial y la atención de las personas en situación de indigencia.
Como excusa, la presidenta dice querer evitar el “conflicto de intereses” que podría surgir por su eventual interacción con Miranda, dado que a ella le corresponderá ser la instancia final de un conflicto que este enfrenta con miembros del Concejo. Sin embargo, una situación específica como esta no debería impedir trabajar por objetivos comunes de amplio alcance que, en última instancia, van dirigidos a mejorar las condiciones de vida de la población.
A la falta de coordinación se unen los boicots. El Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder), administrador del parque La Sabana, le negó su uso a la Municipalidad para un concierto de fin de año. En su lugar, se lo otorgó al Ministerio de Cultura y Deportes (MCJ). Instituciones y empresas estatales que tradicionalmente han colaborado con el Festival de la Luz recibieron instrucciones de negarle su apoyo.
Como absurdo colofón, el MCJ decidió este año organizar un tope, actividad que la Municipalidad canceló en el pasado por maltrato a los caballos, consumo de licor y problemas de seguridad. Es difícil ver la relación entre un desfile equino y el ministerio que lo acogerá. El jerarca, Jorge Rodríguez Vives, ni siquiera ha explicado qué dejarán de hacer otras instancias de su cartera, directamente vinculadas con cultura, para financiarlo.
Miranda ha generado a lo largo de poco más de dos años varios conflictos en la MSJ; también ha sido objeto de reclamos sin sustento. Pero no importa el balance que se haga de su labor hasta ahora; lo que está de por medio, tanto en el caso de San José como en el del régimen municipal en general, es su autonomía de gobierno frente al Ejecutivo.
Pretender condicionarla a intereses político-electorales resulta inaceptable. Utilizar virtuales chantajes, o una mezcla de regalos y castigos para lograrlo, lo es aún más.
La acción contra esta estrategia manipuladora comienza con denunciarla y debe seguir con su rechazo frontal. Pero eso aún no basta. Se necesita añadir dos pilares más: un esfuerzo serio, sistemático y consecuente de los partidos nacionales ajenos al oficialismo por extender su huella territorial y acercarse a los ciudadanos de todo el país, y un compromiso más robusto y focalizado de los cantonales por representar a plenitud los intereses de sus comunidades. Estas tareas, indispensables, no admiten retrasos.