La reactivación económica no es posible sin la estabilización de las finanzas públicas, pero no es ocioso hablar de ella y, mejor aún, impulsarla mientras avanza la reforma fiscal y se consolidan los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. No es necesario ni prudente optar por una u otra, sino reconocer la estrecha relación entre ambas.
El ordenamiento de las finanzas públicas tiene precedencia, pero se conseguirá con mayor prontitud si la recuperación de la economía aumenta la recaudación fiscal. Poner el acento exclusivamente en la reactivación es una quimera, como dice el presidente, Carlos Alvarado; sin embargo, es igualmente riesgoso perder de vista el estímulo a la actividad económica porque de eso depende la capacidad de crear empleo y riqueza.
El propio presidente lo admite cuando dedica una porción significativa de su discurso a la necesidad de reformar el esquema de contribuciones a la seguridad social para aliviar su peso sobre las planillas y estimular el empleo formal. Esa es una medida de reactivación económica cuya discusión no impide seguir trabajando en la agenda de ordenamiento fiscal.
Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, entiende la recuperación de la salud fiscal como una condición necesaria, aunque no suficiente, para la reactivación económica. Eso no le impide plantear la necesidad de aprobar reformas estructurales para reducir el costo de producir en el país. Coincide con el mandatario en la necesidad de revisar las cargas sociales e insiste en la simplificación de trámites y digitalización de los procesos «para reducir los costos de transacción entre el ciudadano y el gobierno».
La administración admite la necesidad de agilizar la inscripción de agroquímicos y emitió un decreto con ese fin. Entre las medidas destacadas está el supremo sentido común de convalidar los estudios de otros países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) luego de una revisión para constatar la adaptabilidad de las conclusiones a las circunstancias locales.
El propio gobierno impulsa la creación del fondo de avales con el fin de facilitar capital a empresas necesitadas de recursos para retomar sus actividades. Las limitaciones financieras pesan sobre sectores del aparato productivo extenuados por los efectos de la pandemia sobre la economía.
El Ministerio de Hacienda incorporó a la agenda la incertidumbre sobre las finanzas del Instituto Costarricense de Electricidad, directamente relacionadas con las tarifas aprobadas para trasladar costos al sector productivo. El presidente también dedicó un extenso pasaje de su rendición de cuentas a las fallidas inversiones de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz.
Los ejemplos citados y varios más, algunos en incipiente ejecución y otros urgidos de impulso, integran una agenda de reactivación económica en nada incompatible con el ordenamiento de las finanzas públicas y más bien apta para acelerarlo. Es necesario dejar de hablar de la reactivación económica como si se tratara de apretar un botón para ponerla en marcha, pero la discusión nacional no puede soslayar el tema con toda su complejidad.
La campaña política en ciernes podría simplificar excesivamente el debate para procurar ventaja electoral; sin embargo, en las circunstancias tenemos derecho a esperar mayor seriedad y ponderación. Eso vale también para el gobierno. Si bien el reclamo del presidente Alvarado a quienes pretenden obviar la crisis fiscal es de recibo, la administración tampoco puede relegar la agenda de reactivación. Además, no necesita hacerlo.
