Editorial

Editorial: IVA a la educación

Gracias al esfuerzo de los padres de familia, las instituciones privadas absorben el 7,5 % de la matrícula total. En lugar de premiarlos, el gobierno propone elevarles el costo en un 13 %

La idea viene de «gente fuera del gobierno», dice el ministro de Hacienda, Elian Villegas, pero el Ejecutivo la planteó como suya y ahora le pertenece. Consiste en eliminar tarifas preferenciales del impuesto sobre el valor agregado (IVA) concedidas a los rubros de educación, salud, seguros y canasta básica. Es mercancía dañada, para comenzar, por la atribución de su autoría a terceros no identificados. También por tratarse de una propuesta para aumentar ingresos sin sacrificar gastos.

La sesión del diálogo multisectorial donde se discutirá el recorte del gasto está programada para hoy, dirá el gobierno para justificarse. Eso no limita la torpeza de adelantar un planteamiento de «gente de afuera» para elevar impuestos cuando acaba de fracasar la primera iniciativa de Zapote, precisamente por basarse en incrementos de la carga tributaria sin mayor consideración del gasto. En ese contexto, la idea del IVA es desafortunada por mucho que se ofrezca devolver una parte a los más necesitados y haya propuestas, hoy, para moderar las erogaciones.

El planteamiento no fue bien recibido por los participantes del diálogo y, para archivar el tema, se acordó pedir al Ejecutivo estudios de su eficacia y progresividad. El propio ministro Villegas emprendió la marcha atrás debido al rechazo al gravamen de un 13 % a la educación. «Tenemos que ver qué hacemos para modificar educación o retirarlo, para seguir avanzando», afirmó.

En principio, no hay justicia en la exención del IVA a la canasta básica consumida por quienes cuentan con mayores ingresos. No obstante, hay objeciones válidas al aumento de los tributos sobre servicios de salud, seguros y educación. Como este último caso sembró dudas en el ministro y estuvo entre los más objetados, conviene examinarlo con detenimiento.

La educación pública no es un servicio para los estratos superiores de la sociedad. La inmensa mayoría de las escuelas y los colegios nutren su alumnado de jóvenes de clase media. La mejor prueba es el traslado hasta de 10.000 estudiantes a la educación pública por el efecto económico de la pandemia en sus hogares, según la Asociación de Centros Educativos Privados (ACEP).

Hay centros de estudios privados desde los ¢70.000 y padres de familia que los pagan con mil sacrificios. También pagan los impuestos invertidos en financiar la educación pública gratuita, pero prefieren esforzarse para dar a sus hijos una mejor formación, según su criterio. Tengan razón sobre la calidad de la educación recibida o no, alivianan la carga del sistema público contribuyendo a mantenerlo sin requerir sus servicios.

Gracias a ese enorme esfuerzo de los padres de familia, las instituciones privadas absorben el 7,5 % de la matrícula total de los 1,2 millones de estudiantes. En lugar de premiarlos, el gobierno propone elevarles el costo en un 13 %. Más tarde, quizá el Instituto Tecnológico, también financiado con los impuestos pagados por los padres, les niegue a esos alumnos el ingreso por provenir de instituciones privadas.

Otro tanto vale para los servicios de salud. Si la Caja Costarricense de Seguro Social ofreciera atención oportuna en todos los casos, la medicina ofrecida por particulares podría considerarse suntuaria, pero esa condición no se cumple y a los consultorios privados también acuden personas con ingresos relativamente modestos cuyo sacrificio alivia la presión sobre los servicios públicos, muchas veces reservados para tratamientos incosteables por esas mismas capas de la población.

Para darnos una idea de los afectados por la nueva propuesta, basta con revisar las categorías de ingresos definidas por el gobierno para recibir devoluciones del IVA: el más alto de los cuatro estratos beneficiados agrupa a hogares con ingresos por debajo de ¢512.000. ¿Cuántos hogares de clase media con ingresos superiores a ese límite educan a sus hijos en instituciones privadas y, ocasionalmente, se ven obligados a acudir a la medicina privada?

La idea de devolver una parte del IVA a los más necesitados merece consideración, pero no la de generar ¢400.000 millones en ingresos a costa, en su mayor parte, de quienes se esfuerzan para educar a sus familias y proveerles servicios de salud.

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