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La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción recibió denuncia de la auditoría de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sobre la creación de un centro de llamadas con base en estudios absurdos, donde se preveían salarios mensuales de $83, según reveló «La Nación» en mayo. El «call center» tramita citas, activa recetas, impulsa campañas informativas y ayuda a verificar los derechos de los asegurados.
La decisión de brindar el servicio desde la Caja obligó a prescindir de una empresa contratada a un costo mucho menor. Los errores son de tal magnitud que es difícil creerlos intencionados. Más parecen un asombroso despliegue de ineptitud. Corresponderá al Ministerio Público decidir si acusa y a los jueces, establecer responsabilidades penales, si las hubiera, pero es incomprensible la permanencia de los funcionarios en sus cargos.
No importa si los tribunales establecen culpa en grado suficiente para justificar una condena penal, la falta laboral es evidente, y si la legislación no permite aplicar sanciones con rapidez, es necesario enmendarla. La Auditoría Interna pidió a la Gerencia General y a la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones abrir procedimientos administrativos que podrían resultar en amonestaciones, suspensiones sin goce de salario o despidos sin responsabilidad patronal, pero los procesos son eternos, el daño es muy grave y los hechos, obvios.
Ocho funcionarios del Área de Estadísticas en Salud trabajaron entre el 2019 y el 2020 para arrojar resultados obviamente erróneos. Para estimar el costo de los salarios de los 128 trabajadores requeridos por el centro de llamadas durante el primer año, partieron del irrisorio monto de $83 (¢51.750) al mes por trabajador, cuando la verdadera remuneración para ese tipo de puestos es de ¢466.650 mensuales. En consecuencia, la planilla del primer año sería de ¢716,7 millones, no ¢79 millones, como dice el estudio.
A partir del segundo año, el centro de llamadas tendría 514 empleados y la desviación del cálculo se ampliaría hasta lo inconcebible. En el 2020, según informes de la propia CCSS, la empresa privada a cargo del servicio cobró ¢520 millones. Como suele suceder con los esfuerzos para «institucionalizar» servicios contratados con terceros, los asegurados pagan más y obtienen menos. La empresa privada operaba el servicio de 14 a 24 horas diarias para 20 áreas de salud. Ahora solo se brinda atención en horario de oficina.
Un «errorcillo» parecido justificó arrebatarle a la Universidad de Iberoamérica (Unibe) la administración de 37 Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebáis). Como en el caso del centro de llamadas, el resultado es mucho más caro y la satisfacción de los usuarios, mucho menor.
«La institucionalización de los servicios está costando alrededor del 30 % más que si hubiéramos continuado con la vía de la contratación de los servicios», reconoció Sergio Gómez, director de Presupuesto de la Caja, cuando acudió a la Junta Directiva a tramitar la creación de 419 plazas para brindar servicios en los Ebáis de Montes de Oca, Curridabat y La Unión.
Según Gómez, solo las remuneraciones de los 419 empleados costarían ¢6.600 millones en el año. A ese monto es preciso sumar la adquisición de equipos, alquileres, utensilios médicos y suministros. A la Unibe se le venía pagando unos ¢4.838 millones anuales. La desviación del cálculo se les reveló a los directores apenas dos meses después de concluida la relación con la universidad.
En el caso del centro de llamadas, el gerente médico, Mario Ruiz, se enteró de los errores de cálculo cuando «La Nación» se los señaló en una entrevista. Una vez más, fue una publicación de este diario el detonante de la investigación interna, ahora trasladada al Ministerio Público.
Más allá de la necesidad de aplicar las sanciones del caso con la mayor prontitud, es hora de reconocer la irresponsabilidad detrás del impulso hacia la «institucionalización», cuyo único objetivo es agrandar la institución, no importa el costo ni el efecto sobre los servicios, para «gloria» de sus funcionarios, especialmente los de más alto nivel. Los Ebáis administrados por cooperativas apenas se salvaron de correr la misma suerte de la Unibe, con pérdidas de miles de millones para la Caja.
El modelo de tercerización ha tenido un éxito rotundo, en costos y calidad de los servicios. Sabemos cuánto nos va costando dar marcha atrás para «institucionalizar» servicios, pero el cálculo realmente significativo revelaría cuánto cuesta mantener el «statu quo» y cuánto ahorraríamos si la burocracia permitiera transitar en la dirección correcta.
