Con solo pedírselo a su obsecuente Congreso, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, logró la aprobación de una reforma de la legislación penal para imponer hasta 15 años de prisión por la difusión de mensajes de las pandillas conocidas como maras. Quienes “reproduzcan y transmitan mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por dichos grupos delincuenciales que pudieran generar zozobra y pánico a la población en general” sufrirán una pena de 10 a 15 años de prisión. A tenor del texto, los medios de comunicación deberán resignarse a informar sobre el peligroso fenómeno delictivo únicamente desde la perspectiva gubernamental.
Las maras son un azote cruel y constante para la sociedad salvadoreña. Solo entre el 25 y el 27 de marzo hubo 87 homicidios. Ese baño de sangre, aunado a cifras alarmantes en días recientes, sirvió de fundamento a Bukele para tramitar la reforma con rapidez y una abrumadora mayoría de 63 de los 84 diputados.
La violencia de las maras y su vinculación con homicidios, secuestros, narcotráfico y extorsiones sirve de justificación a Bukele para limitar la libertad de prensa y otros derechos humanos. Examinada con detenimiento, la medida no tarda en revelar sus verdaderas intenciones, muy distantes de los esfuerzos legítimos para restablecer la seguridad ciudadana.
Bukele hizo de la seguridad pública uno de los grandes temas de su gobierno y explotó políticamente su éxito inicial. No obstante, lo logró por vías reñidas con la legalidad y a costa de la verdadera seguridad ciudadana. Lo sabemos por la prensa que el gobierno ahora pretende censurar. El diario digital El Faro, uno de los más perseguidos por Bukele, denunció un pacto secreto entre el gobierno y los líderes de las maras para disminuir los homicidios y lograr su apoyo electoral.
Las conversaciones con las tres principales pandillas —Mara Salvatrucha (o MS13), Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños— redundaron en mejoras en las condiciones de vida carcelarias para los miembros detenidos y beneficios para los que permanecían en libertad. Las negociaciones fueron documentadas por la Fiscalía General de la República mediante audios, fotografías, documentos y testimonios.
El 7 de setiembre del 2020, cuatro días después de las denuncias del El Faro, la Fiscalía allanó varias cárceles y la Dirección General de Centros Penales, donde encontró pruebas de la negociación con los pandilleros. La investigación duró hasta abril del 2021, con intervenciones telefónicas, seguimientos físicos, incautación de documentos, toma de fotografías y entrevistas con testigos. El sábado 1.° de mayo del 2021 la nueva Asamblea Legislativa, controlada por Bukele, removió ilegalmente a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general bajo cuya autoridad se conducían las pesquisas. El sustituto no tardó en desmantelar la unidad dedicada al caso.
Como era de esperar, los acuerdos solo fortalecieron a las maras y tenían fecha de expiración. Ahora, con las calles del país otra vez presas de la violencia, no es difícil entender cómo la prensa podría resultar un estorbo para nuevos acomodos temporales. Si citar a un marero conlleva riesgo de cárcel, las únicas declaraciones recogidas por los medios serán de fuente oficialista. No habrá forma de constatar o refutar, a partir de entrevistas o comunicados de la contraparte, informaciones que ayuden a comprender los acontecimientos. En su momento, la prensa dejó al descubierto las negociaciones con las maras. Mejor obstaculizar publicaciones similares en el futuro.
No es de extrañar que una sociedad como la salvadoreña, hastiada de la violencia —primero de la guerra y de las maras, después— esté dispuesta a aplaudir irreflexivamente a quien prometa actuar en su defensa. Puede, incluso, entregarle amplísimos poderes, como los derivados de las últimas elecciones legislativas, pero no tardará en lamentar la renuncia a derechos humanos fundamentales, como la libertad de prensa.
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