Editorial

Editorial: Gasolina del Congreso

El gasto de recursos públicos en combustible para los vehículos de los diputados debe ser reformado para incrementar la transparencia

Las explicaciones de la diputada independiente Ivonne Acuña y la liberacionistas María José Corrales sobre el gasto de recursos públicos en combustible para sus vehículos son insatisfactorias y, cuando menos, apuntan a la necesidad de una reforma de la “ayuda técnica” consistente en el depósito de fondos equivalentes a 500 litros al mes para apoyar los desplazamientos de los diputados.

El dinero se acumula si en determinado mes el legislador no lo gasta. Al final de los cuatro años, los fondos no utilizados deben ser reintegrados al Estado. Los diputados actuales se verán obligados a hacer el reintegro del dinero sobrante dentro de mes y medio.

Según Acuña, los ¢3,2 millones cancelaron una nota de crédito por consumo de gasolina. No obstante, la legisladora hizo compras con la tarjeta a lo largo de los meses anteriores. Esa circunstancia impide entender la acumulación de la deuda. En mayo del 2021, Acuña recibió ¢353.000, pero solo gastó ¢189.000. En junio, recibió ¢367.000 y gastó ¢101.000. Al ritmo del consumo de mayo, la acumulación de ¢3,2 millones en deuda habría tardado aproximadamente año y medio, si nunca hubiera pagado un céntimo al contado, pero sabemos que sí lo hizo.

En suma, para entender lo sucedido habría sido invaluable la oportunidad de preguntar a la diputada por el período de acumulación de la deuda, por qué no la pagó antes, para qué gestionó con el expendedor un crédito tan oneroso como innecesario y por qué alternó las compras a crédito y al contado. No obstante, la legisladora declinó la entrevista.

La explicación de la diputada Corrales es parecida. Ella hizo pagos de ¢536.625 los días 21 y 23 de diciembre, y también el 7 y 13 de enero. En total, gastó ¢2.146.500 en esos cuatro días. También, ella dice haber puesto al día sus operaciones de crédito en las gasolineras. Es difícil comprender la ventaja de abrir una cuenta de crédito si mensualmente se le deposita el dinero requerido para pagar al contado con dinero plástico.

La legisladora atribuye el consumo a las giras propias de una representante de la zona norte, pero en agosto solamente consumió ¢132.057; en setiembre, ¢43.570; en octubre, ¢128.603; y en noviembre, ¢174.995. En febrero, luego de los pagos extraordinarios de diciembre y enero, volvió a gastar ¢176.088. También, en el caso de Corrales, vale preguntar cómo se acumuló la deuda si efectuaba, al mismo tiempo, pagos al contado y por qué aprovechaba el crédito solo en algunas oportunidades.

En todo caso, el moderado consumo de tantos meses invita a preguntar cuántas giras hizo la legisladora a las apartadas zonas que representa y despierta curiosidad sobre el gasto de los demás diputados, sobre todo los capitalinos, cuyas giras deberían ser de mucho menos kilometraje.

Pero tampoco la diputada Corrales se detiene a dar explicaciones. Afirma, en tono tajante, que cada legislador maneja el dinero asignado para combustible “a su antojo” porque es “salario en especie”. Si tuviera razón, todo sería más claro y solo quedaría debatir la conveniencia de un pago tan poco transparente. Además, cabría duda sobre la obligación de devolver el sobrante al terminar el período de cuatro años.

Si es salario en especie, no hay motivo para exigir la devolución y no tendría sentido colocar a los diputados en la disyuntiva de gastar aceleradamente esa parte de sus ingresos al final de la gestión, o perderlos irremediablemente al caer el telón de sus funciones. El problema es motivo recurrente de discusión y conviene resolverlo de una vez por todas, sea con la incorporación del estipendio al salario o con la eliminación.

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