Editorial: Financiamiento del OIJ

La administración reprobó la materia, no solo por el número de homicidios, sino también por la calificación de los ciudadanos reflejada en las encuestas: 8 de cada 10 personas (el 79 %) perciben una desmejora en comparación con el año pasado, dice el más reciente sondeo del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica. Para el 34,7 %, la inseguridad es el principal problema del país, muy por encima del costo de vida (un 17,7 %) y el desempleo (un 15,8 %).

Pero ninguna estadística es tan espeluznante como la noticia publicada el lunes por este diario. Franz Vega, jefe de Medicina Legal en el Complejo Forense del Poder Judicial, en San Joaquín de Flores, teme la proximidad de una situación crítica en la morgue. Los equipos existentes no dan abasto para conducir los exámenes exigidos por ley y devolver con prontitud los cuerpos a los familiares.

Por ahora, el personal logra resolver dentro de los plazos establecidos, pero se aproximan al límite de las capacidades, en especial si el ritmo de homicidios de los últimos meses se mantiene. La labor de la morgue es un engranaje vital de la lucha contra la delincuencia porque allí se establecen las causas de las muertes y, a menudo, hasta sus circunstancias.

Las autopsias también se tornan más complejas por la cantidad de disparos descargados contra las víctimas y los frecuentes casos de tortura y lesiones múltiples. Cada detalle importa para esclarecer los crímenes, y si bien la morgue judicial atiende muertes accidentales y fallecimientos sin certificado médico, entre otros casos, las instalaciones no están preparadas para una ola de homicidios como la presente.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) viene advirtiendo de las carencias de sus instalaciones y laboratorios, todos indispensables para la lucha contra la delincuencia. Esa infraestructura es la que hace del OIJ una policía científica, con altos niveles de eficacia. No se puede esperar de ella la misma capacidad de reacción sin los recursos necesarios para investigar.

Por eso resulta contradictoria la preocupación expresada por el gobierno ante la ola de criminalidad y el empeño del Ministerio de Hacienda en limitar los recursos destinados al cuerpo policial. El ministro Nogui Acosta anunció la posibilidad de un veto a la ley que eximió las compras del OIJ del impuesto sobre el valor agregado (IVA), aunque la aprobación del proyecto por una abrumadora mayoría hizo prever un nuevo resello y el presidente estampó su firma para convertirlo en ley.

Ahora, Hacienda anuncia su decisión de no girar ¢2.000 millones aprobados por la Asamblea Legislativa para mejorar las condiciones de trabajo del Organismo. La suma es superior a los ¢1.250 millones anuales de ahorro por la exención del IVA, aceptada a regañadientes por el Poder Ejecutivo.

Hacienda alega que los ¢2.000 millones no fueron ejecutados el año pasado y añade que la construcción de un edificio, como pretende el OIJ, no es una acción frontal e inmediata contra la criminalidad, que fue el propósito de los diputados al aprobar la partida. El Organismo responde que no tuvo tiempo para ejecutar los fondos porque la disposición legislativa se publicó en La Gaceta el 1.° de noviembre y el plazo para hacer las compras finaliza el 30 de octubre. Defiende la construcción del edificio citando las malas condiciones del actual.

Más allá de esas diferencias, la pregunta pertinente es si el Organismo tiene lo necesario para cumplir sus trascendentales funciones y si el edificio en barrio Los Ángeles que se pretende sustituir es adecuado para desarrollarlas, dadas sus condiciones de seguridad y espacio. En medio de una ola de delincuencia como la actual, es difícil pedir a la policía trabajar en edificaciones inseguras y hacinadas.