El diputado socialcristiano Pablo Heriberto Abarca se quejaba de la “presión” del gobierno y “algunos medios de comunicación” (se refería, hasta donde sabemos, a La Nación) a favor del proyecto de ley para suspender el pago de anualidades en el sector público. El propósito de la presión, decía el legislador, era lograr un voto favorable “a golpe de tambor”, antes del 1. ° de junio.

Eso no era posible, afirmaba, porque el proyecto adolecía de graves defectos. En auxilio de su tesis, citaba a expertos en materia laboral. Tenía razón en cuanto a los errores, pero no en lo relativo a la dificultad de enmendarlos a tiempo para que la ley fuera aplicada de forma oportuna.

La liberacionista Silvia Hernández se sumó al socialcristiano para recordar la multiplicidad de instituciones que señalaron ambigüedades en la redacción del proyecto de ley y advirtió sobre la imposibilidad de lograr algo bueno “a golpe de tambor”.

Pero Paola Gutiérrez, laboralista citada por Abarca, más bien llamó a no descartar la iniciativa y recomendó centrar la atención en aclarar el periodo afectado, prorrogar la medida para los próximos años (evaluaciones del 2020 y 2021) para correr menos riesgo de afectar situaciones jurídicas consolidadas y tener cuidado con las exclusiones a fin de evitar alegatos de discriminación.

Eso hizo el gobierno en el texto sustitutivo presentado el miércoles al Congreso. Si los diputados hubieran tenido voluntad, ellos mismos habrían hecho las enmiendas con rapidez. En realidad, no demostraron interés. Los errores del proyecto y su tardanza ofrecían una oportunidad de culpar al gobierno mientras evitaban críticas de los sectores afectados de la burocracia. Según Abarca, “el PAC pretende presentarse como abanderado de la austeridad fiscal” y él no parecía dispuesto a permitirlo.

Así, una iniciativa de ahorro, insuficiente, pero significativa, corre el peligro de desperdiciarse, pese a la voluntad del Ejecutivo de asumir el costo político de introducirla en la corriente legislativa. Este diario, para dar la razón al diputado Abarca, siempre ha abogado por poner orden en las remuneraciones del Estado y no va a cambiar ahora, cuando se presenta la oportunidad de lograr un aporte del sector público en momentos de crisis, reclamado por muchos de la boca para fuera.

No quieren los diputados marchar a golpe de tambor, pero en las últimas semanas han presumido de hacerlo para responder a la pandemia. En varios casos acertaron, pero un pésimo proyecto de ley, ya aprobado en segundo debate, es el mejor desmentido a la parsimonia reclamada para examinar el de anualidades.

Una larga lista de instituciones, incluidas las de más peso en el país, señaló las ambigüedades y contradicciones del proyecto de ley para eximir a las municipalidades de la regla fiscal. La Contraloría General de la República denunció la falta de sustento técnico y de datos fehacientes para justificar la exoneración. El Banco Central la criticó por fundarse en premisas contrarias a la lógica y a la intuición económica. Para el Ministro de Hacienda, “la indisciplina fiscal en tiempos normales es perjudicial para el país, con mucha más razón en tiempos de crisis”. Nada de eso impidió a doña Silvia, tan preocupada por los criterios recibidos de varias instituciones contra el proyecto original de anualidades, votar dos veces a favor de la iniciativa municipal.

Ese proyecto contenía disposiciones injustificables aun para quienes deseaban quedar bien con los gobiernos locales. A golpe de tambor, los diputados eliminaron la exención de utilizar el sistema integrado de compras públicas, la autorización para contratar más personal y la inclusión de las transferencias del Gobierno Central entre los recursos exentos de la regla fiscal.

Abarca no votó a favor de la iniciativa, como lo hicieron tres de sus compañeros de bancada. Se ausentó del plenario en las dos oportunidades, pero la rápida tramitación y enmienda del proyecto de ley demuestra la posibilidad de marchar a golpe de tambor cuando hay voluntad. Si el diputado tenía tan clara la ruta de las enmiendas al proyecto de anualidades, habría hecho bien en comenzar a transitarla en lugar de posponer la discusión, quizá para un momento cuando ya no sea viable. El esfuerzo ya no será necesario porque el Ejecutivo se adelantó a hacer las enmiendas.

Abarca calificó la nueva propuesta como el “primer recorte decidido dirigido al trabajador público” y preguntó por el resto. Ojalá eso signifique que apoyará el primer paso mientras se presenta la oportunidad de dar el siguiente. La respuesta de Hernández al texto sustitutivo es menos esperanzadora. Ahora se pregunta por qué se habla de dos periodos y desaparecieron las excepciones cuando eso, precisamente, recomendaban los laboralistas para eliminar las ambigüedades de que ella se quejaba. Si gana un poquito más de tiempo, no se verá obligada a decidir y podrá culpar al gobierno de no actuar para reducir el gasto.