Las tres provincias costeras, determinantes en la última elección presidencial por su fuerte inclinación hacia el candidato ganador, son ahora las más desencantadas con la gestión del mandatario. En Guanacaste, la diferencia de votos fue de 11 puntos para Rodrigo Chaves; en Puntarenas, de 21; y en Limón, de 25. Sin duda, en la decisión de los votantes de esas provincias pesaron los mismos motivos que dieron al actual gobernante la victoria por algo más de cinco puntos, pero la amplitud de los márgenes apunta a razones específicas que para nadie son secretas.
Esas mismas razones, o su persistencia, podrían explicar la desaprobación del presidente en esas provincias, por encima de las demás, a 16 meses de inaugurado el gobierno, según la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) y la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica.
Al parecer, así como las frustraciones enraizadas en esas zonas impulsan a elegir el cambio y la ruptura con el pasado, acortan la paciencia frente a las nuevas autoridades. Es lógico suponer que una promesa incumplida a poblaciones tan desencantadas con las ofertas del pasado cree rechazo con más fuerza y rapidez.
De estar entre los bastiones electorales del Partido Progreso Social Democrático, junto con Alajuela y su extensa zona fronteriza, Guanacaste, Puntarenas y Limón pasaron, en poco tiempo, a ser las provincias más críticas de la administración. En las tres bajó el apoyo al presidente, como en el resto del país, pero todas se apartaron de la generalidad por la magnitud del retroceso.
En promedio, un 57 % del país respalda la gestión del mandatario, pero en Guanacaste y Puntarenas la cifra cae al 54 %, y en Limón, al 52 %. La diferencia es de tres a cinco puntos porcentuales, pero las tres provincias vienen de cifras más altas que el promedio nacional en mediciones anteriores.
Los resultados no solo deben preocupar al gobierno. El comportamiento electoral y la rápida transformación de la opinión pública en las costas enfatizan la necesidad de cambio y, también, su urgencia. Un reciente estudio del Programa Estado de la Nación identifica la desigualdad económica como uno de los factores determinantes de la alta volatilidad de los electores en el 2022, a un grado nunca visto desde 1958.
Los ciudadanos, dice el estudio, cambian de partido político con facilidad, impulsados por la percepción de que su condición socioeconómica sigue sin mejorar. En los últimos comicios, dos de cada tres electores (un 65 %) votaron por una agrupación distinta a la que apoyaron en la elección anterior y el fenómeno se manifestó con más intensidad en los distritos donde la desigualdad es mayor.
La alta volatilidad estimula el surgimiento de nuevos partidos, muchos de ellos improvisados, sin identidad definida ni experiencia en el ejercicio del poder, pero, al mismo tiempo, implica el riesgo de una rápida pérdida de apoyo y mayor severidad frente a las promesas incumplidas. Además, no permite consolidar una base política para la acción gubernamental ni el desarrollo de agrupaciones permanentes.
La disparidad entre regiones puede conducir a fracturas más profundas. El gobierno y los partidos políticos estarían entre los primeros beneficiarios de políticas públicas orientadas a redistribuir los beneficios de la prosperidad y extenderla a otras actividades, como la agricultura. Costa Rica ha sabido sacar provecho de las oportunidades ofrecidas por la economía mundial, pero concentró las ventajas en el Valle Central y, con ello, desperdició posibilidades de desarrollo y creó diferencias insostenibles. El comportamiento de los electores nos lo está recordando.
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