Editorial

Editorial: Endeble justificación

Se queda corto el liberacionista Carlos Ricardo Benavides cuando califica de burla la ‘interpretación’ legal esgrimida por el gobierno para justificar el nombramiento de Ottón Solís.

Andrés Valenciano, ministro de Comercio Exterior, sentó cátedra de transparencia cuando se le consultó sobre el nombramiento del fundador del partido de gobierno, Ottón Solís, representante ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). No solo dijo la verdad, sino que prescindió de los adornos habituales en la política nacional.

«Voté en contra del nombramiento», afirmó con meridiana claridad. Acto seguido, expuso sus razones: Manuel Tovar, representante en la actualidad, conoce al dedillo el funcionamiento administrativo de la OCDE, su Secretaría General y otros órganos. Tiene experiencia acumulada para enfrentar las evaluaciones periódicas y desde el 1.° de diciembre del 2016 ha sido actor destacado en el proceso de adhesión. «Es un conocimiento sobre la organización en todos los niveles, sobre los temas, sobre las personas», dijo Valenciano.

Pero la franqueza del ministro tiene consecuencias que evidentemente no sospechaba cuando se declaró respetuoso de la decisión adoptada por el Consejo de Gobierno. Según el protocolo de adhesión a la OCDE, ese respeto no procede, porque el gabinete actuó a contrapelo del requisito establecido en el artículo 4 del convenio.

El texto es claro: la designación la hace el Consejo de Gobierno «por iniciativa del Ministerio de Comercio Exterior (Comex)» y las declaraciones de Valenciano no dejan duda de la ausencia de esa iniciativa. Más bien acreditan la oposición del Comex al nombramiento de Ottón Solís.

Por si hubiera duda, Valenciano declaró: «La recomendación que damos desde el Comex sobre el nombramiento del embajador es mantener a la persona que ha venido trabajando por los últimos años y que lo ha hecho de manera exitosa...». La iniciativa de nombrar a Solís, claro está, fue del presidente.

El artículo 4 aprobado por la Asamblea Legislativa no puede ser más claro: «La Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos formará parte del Ministerio de Comercio Exterior y dependerá de este para todos los efectos. El Consejo de Gobierno, por iniciativa del Ministerio de Comercio Exterior, designará al funcionario que representará al país ante dicha organización, quien asumirá la delegación en los mismos términos contemplados en el artículo 5 de la Ley 7638, del 30 de octubre de 1996».

Solo el gobierno encuentra en el texto motivos de confusión. Un comunicado de la Casa Presidencial sostiene que todo se hizo a derecho: «El tema se vio por iniciativa del Ministerio de Comercio Exterior, que planteó una propuesta específica, y el Consejo de Gobierno tomó la decisión final sobre la designación». Tiene razón el liberacionista Carlos Ricardo Benavides cuando califica de burla la supuesta «interpretación» contenida en el comunicado.

Según el Ejecutivo, la iniciativa del Comex se reduce a instar el nombramiento, no de una persona, sino de cualquiera. Si el Comex no hubiera abierto la boca, todo seguiría igual, y mientras la mantuviera cerrada no habría posibilidad de nombrar un nuevo representante. Cuando el Comex propuso mantener al actual, instó a hacer un nombramiento y el Consejo de Gobierno aceptó la invitación. El Comex se extralimitó en el ejercicio de la tonta facultad de instar a hacer una designación cualquiera y propuso un nombre en particular, pero al Consejo le pareció mejor el nombramiento preparado por el presidente hace semanas.

La ley quiere otra cosa y la presidencia lo sabe, porque siempre pretendió impedir la injerencia del Comex en el nombramiento del representante ante la OCDE y los diputados dispusieron lo contrario. La disputa estuvo entre las razones de tensión entre la Casa Presidencial y la exministra de Comercio Exterior Dyalá Jiménez, que a la postre dejó el cargo.

Según la recta aplicación de la ley, el Comex debe instar el nombramiento de un candidato en concreto y el Consejo de Gobierno tiene la facultad de rechazarlo. Si lo hace, no puede decidirse por la persona de su preferencia, sino esperar una nueva propuesta del Comex, así como la Asamblea Legislativa puede rechazar el nombramiento de magistrados suplentes, pero no designar a quienes prefiera, sino pedir a la Corte una nueva propuesta.

La asignación de la postulación del representante al Comex es, además, totalmente razonable por tratarse del ente técnico y rector de la materia, del cual depende «para todos los efectos» la delegación permanente ante la OCDE, según la ley. La delegación permanente, por otra parte, forma parte del Ministerio de Comercio Exterior.

Benavides se queda corto con el calificativo de burla, pero si fuera necesario salir de dudas, bastaría con judicializar el desacuerdo. Si el gobierno pierde, como parece evidente, se habrá causado una sangría política sin beneficio alguno, pero con altísimo costo para el país.

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