Editorial

Editorial: Emergencia en los puentes

Las autoridades no saben cuántos puentes requieren de atención urgente porque dejaron de contarlos en el 2018. En juego hay vidas y graves consecuencias económicas

Las autoridades no saben cuántos puentes requieren de atención urgente porque dejaron de contarlos en el 2018. En aquel momento, cerca de 500 estructuras necesitaban reparaciones y 179 eran casos de urgencia por estar en rutas primarias. En tres años, el deterioro acelerado por fenómenos naturales, especialmente las lluvias, seguramente incrementó el número de puentes necesitados de reparación y agravó la condición de los más dañados.

«Es de suponer que los puentes cada vez tengan mayores problemas, principalmente en las bases. Ya habíamos identificado una gran cantidad y es probable que la situación sea grave», dice Giannina Ortiz Quesada, coordinadora del Programa de Puentes del Instituto Tecnológico.

El diagnóstico, con toda su imprecisión, basta y sobra para urgir una respuesta. En juego hay vidas y graves consecuencias económicas. La inutilización de un puente puede dejar sin sustento a una comunidad dedicada al turismo o impedir el traslado de sus productos al mercado, pero, aparte de esas pérdidas fáciles de imaginar, la falta de mantenimiento oportuno eleva los costos de reparaciones futuras.

En el caso del pavimento, detalla el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) de la Universidad de Costa Rica, cada dólar no invertido en mantenimiento se convierte en el gasto de entre $7 y $10 a la hora de reconstruir o reparar daños mayores. No hay un cálculo similar para los puentes, cuyas estructuras y materiales varían, pero el fenómeno es, sin duda, parecido.

Conocemos el problema y tememos sus consecuencias; sin embargo, poco podemos hacer para enfrentarlo. No hay dinero. Tampoco hay voluntad política para poner en práctica soluciones creativas, como el cobro de peaje para financiar el mantenimiento. La Asamblea Legislativa, por su parte, resta recursos al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para trasladarlos a las municipalidades sin considerar necesidades prioritarias.

Para colmo de males, un sector de la opinión pública, frustrado por el escándalo del caso Cochinilla, más bien aplaude la reducción del presupuesto para mantenimiento porque teme su mala utilización. Es un razonamiento absurdo, pero todo entra en juego para producir una situación crítica, de la cual no va a ser fácil salir.

Hay puentes dañados en la Interamericana norte y en la ruta 32, entre San José y Limón. También en la 27, camino a Caldera, en la Interamericana sur y en la Costanera. Es decir, las principales vías del país están amenazadas junto con muchas otras de similar relevancia.

La preocupación de Ortiz llega al punto de pedir una declaratoria de emergencia para atender los puentes y, como primera medida, una señalización para advertir a la población acerca del riesgo. En caso de ser necesario, recomienda aplicar restricciones de paso y establecer rutas alternas. Esas medidas tendrían el beneficio adicional de visibilizar la emergencia, cuyas características permanecen ocultas a menudo. Por ejemplo, para la especialista, el principal riesgo es el de socavamiento, generalmente imperceptible para el transeúnte. Ese tipo de daños, por razones obvias, deben figurar en los lugares privilegiados de la lista de prioridades.

A las advertencias de la especialista se suman las de Rolando Castillo, coordinador de la Unidad de Puentes del Lanamme, quien clama por inspecciones más frecuentes. El puente sobre el río Toyogres, entre Cartago y el cantón de Paraíso, pudo haberse desplomado si el riesgo no hubiera sido advertido en un reciente informe.

Quizá el llamado más dramático a encontrar una solución es el del ministro de Obras Públicas, Rodolfo Méndez Mata: «Estamos haciendo un enorme esfuerzo, pero estamos llegando tarde a las soluciones. Estamos llegando cuando ya no hay paso».

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