El portal interactivo Hipatia, desarrollado y administrado por el Programa Estado de la Nación, con apoyo de varias instancias públicas y privadas, ha contabilizado hasta ahora 670 científicos, agrónomos, médicos e ingenieros costarricenses residentes en el exterior. El número, del que dio cuenta el semanario El Financiero en su primera edición del año, puede ser aún mayor, si partimos de que una cantidad indeterminada no ha sido detectada todavía; además, se irá modificando con el tiempo. Cada uno de esos profesionales tendrá aspiraciones, prioridades, afiliaciones y proyectos muy diferentes y legítimos: algunos, con todo derecho, harán permanente su estadía en el exterior, pero otros tendrán la expectativa de regresar, sobre todo, si existieran condiciones propicias para su desenvolvimiento en el país. En tales casos, su aporte a nuestro desarrollo científico, tecnológico y económico será más directo.
La información a que nos referimos menciona, como uno de los incentivos esenciales para estimular su retorno, que exista mayor inversión nacional en investigación y desarrollo (I+D). Según los cálculos disponibles, esta representó un 0,43 % del producto interno bruto (PIB) en el 2017, mayor que la media latinoamericana, pero muy por debajo de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a la que aspiramos formar parte, que en promedio destinan un poco más del 1 % del PIB a esas tareas.
Se trata de un parangón digno de emular por su importancia intrínseca. Sin embargo, no debemos perder de vista dos cosas. La primera es reconocer que el país no tiene las condiciones financieras para aumentar sustancialmente, y a corto plazo, el financiamiento en I+D; la segunda, que su disponibilidad no constituye, necesariamente, el elemento clave (y menos único) para atraer a los talentos nacionales en ciencia y tecnología esparcidos por el mundo. Muchos de ellos, probablemente, prefieran ejercer sus profesiones en ámbitos de aplicación más directa, algo que, en todo caso, sería conveniente indagar de manera sistemática, y habrá quienes aprecien más otro tipo de incentivos. Por lo anterior, y aunque la importancia de la investigación y el desarrollo es enorme, se impone impulsar con rapidez acciones quizá más eficaces, y sin duda más económicas, en otros campos. Proponemos tres, aunque la lista podría ser mayor.
Lo más obvio es agilizar el reconocimiento de los títulos obtenidos en las instituciones externas de enseñanza superior. La normativa y procedimientos actuales son enervantemente lentos y anquilosados; el Consejo Nacional de Rectores (Conare), encargado del proceso, los interpreta con criterios que a ratos parecieran estar más cerca de las inercias burocráticas y el gremialismo de las instituciones integrantes, que de la realidad del mundo, el desarrollo científico, tecnológico y académico; y las facilidades existentes para agilizar el intercambio de información con otros centros de enseñanza e investigación fuera de nuestras fronteras. Son incontables los casos de destacados profesionales que, tras regresar al país, deben emprender una compleja carrera de obstáculos para que sus atestados sean reconocidos, incluso cuando fueron obtenidos en instituciones del más alto nivel internacional, y no siempre tienen éxito. La frustración generada es una barrera para afincarse en el país.
Otra acción, de ámbito más general, está ligada a la reforma del empleo público. Dados los sistemas de incentivos laborales que prevalecen en la actualidad, esencialmente vinculados a la antigüedad en el cargo, los recién graduados con las titulaciones más altas posibles deben ingresar a las instituciones estatales (entre ellas las universidades) con salarios que se alejan sustancialmente de lo justo, y todavía más de las opciones en países con sistemas remunerativos más lógicos y alineados con el mérito. Por esto, modificar el sistema de reclutamiento e incentivos es otra tarea urgente.
A lo anterior debería añadirse una adecuada integración —o, al menos, una fluida coordinación— entre las plataformas que recopilan y comparten información sobre los científicos y tecnólogos costarricenses, sus proyectos y oportunidades disponibles, y que buscan crear redes que potencien lo anterior. Hipatia, establecida en el 2014, es la más reconocida y posee un amplio alcance, pero existen otras dos. En el 2010, la Academia de Ciencias creó la Red Ticotal, que reúne y promueve conexiones entre científicos e ingenieros costarricenses que trabajan en el exterior. En agosto del año pasado, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) estableció el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (Sincyt), con apoyo del Instituto de Información Científica y Tecnológica de Corea, como un ecosistema para vincular a las instituciones que generan investigación y desarrollo con investigadores, universidades y la empresa privada.
Los tres son esfuerzos encomiables. Estamos seguros de que, por sí mismos, cumplen notables tareas; sin embargo, es fácil presumir que una robusta articulación entre los tres traerá mayores beneficios, entre ellos posibilidades adicionales para el regreso de talentos. Su atracción nunca será sencilla, pero sí puede ser más eficaz de lo que muchos creen. Para empezar, hay que activar la voluntad y los métodos.
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