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De cinco empresas estatales con pérdidas en los últimos cuatro años o más, hay una absolutamente esencial. No es el Consejo Nacional de Producción, fuente de alimentos caros para un mercado cautivo de instituciones estatales. Tampoco la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), dedicada durante décadas a repartir beneficios excesivos a sus empleados, capaces de paralizar operaciones para apoyar cualquier reclamo.
No se trata del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), cuya utilidad no siempre parece clara, y ni siquiera del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), carente de un sistema permanente de subsidios, como los existentes en todo el mundo para ese tipo de transportes.
Las pérdidas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) merecen consideración aparte. El faltante no es producto de la diferencia entre gastos e ingresos, sino de la depreciación de los bienes. Esa pérdida contable tendrá efectos muy reales en el futuro. Significa la imposibilidad de reponer el valor de los activos con los ingresos actuales. En una entidad necesitada de hacer grandes inversiones, la imposibilidad de reponer siquiera esos activos es inaceptable.
La necesidad de invertir en la empresa deficitaria es ineludible, no importa cuál sea el origen de sus pérdidas. Eso no implica pasar por alto costosos errores cometidos en la entidad, pero sí encarar la inescapable obligación de ampliar el suministro de agua potable y el tratamiento de la desechada.
Ambas son urgentes necesidades del desarrollo. La falta de la carta de agua, permiso indispensable para construir, frena inversiones en todo el país, y los racionamientos irritan a las poblaciones afectadas, merecedoras de un servicio de calidad tanto en el producto suministrado como en la regularidad del suministro. Por el lado del alcantarillado sanitario y el tratamiento, la urgencia ecológica no admite discusión cuando se contempla la cuenca del Tárcoles, para hablar de la más contaminada. La falta de inversión también fomenta el desperdicio. La estimación de las fugas, muchas por mal estado de las tuberías, causa asombro. Bien puede ser más de la mitad.
Eric Bogantes Cabezas, gerente general de la institución, señala la necesidad de actualizar las tarifas. Eso, sin embargo, depende de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y constituye una cuestión de altísima sensibilidad política. “Luego del proyecto de avalúo de activos (ejecutado entre el 2016 y el 2019), la institución esperaba tener utilidades a partir del 2021, pero el congelamiento de tarifas decretado por la Aresep en diciembre del 2020 para el ejercicio 2021 lo imposibilitó”, afirma el funcionario.
Pero no se trata de salir de un apuro o alcanzar el equilibrio en un momento determinado, sino de expandir las capacidades de la institución para el manejo de un recurso vital. La pregunta sobre el costo del agua en nuestro país está planteada desde hace años. Ha sido un recurso relativamente abundante y por eso es poco valorado. Los problemas de alcantarillado sanitario se resolvieron, a lo largo de la historia, de las formas más baratas y contaminantes.
La inversión en acueductos y, sobre todo, en alcantarillado, no se exhibe para ganar aplausos. Por el contrario, su naturaleza es permanecer bajo tierra, donde nadie la vea. Es hora de revisar el costo del agua, no para asegurarle al AyA la reposición de activos en el futuro, sino para desencadenar una vigorosa política de expansión de sus servicios, aprovechando, como hasta ahora, la cooperación internacional y, también, generando recursos frescos para hacer frente a las crecientes demandas.
