Editorial

Editorial: El altar del ‘consentimiento informado’

Las familias de 215.000 estudiantes de escasos recursos no pueden satisfacer su necesidad de conectividad porque la Prodhab pone trabas a su localización para brindarles un servicio de Internet gratuito.

Las 147.000 familias de los 215.000 estudiantes de escasos recursos necesitados de conectividad pueden estar tranquilas. La Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) resguarda su privacidad al punto de imposibilitar su localización para brindarles un servicio de Internet gratuito, indispensable para limitar el daño sufrido por la educación pública en el año de pandemia.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) recabó los teléfonos de las familias necesitadas mediante un censo. Los entrevistados proporcionaron sus números sin coacción alguna, pero en este país exigimos estricto apego a los trámites y, lamentablemente, el MEP falló. Pidió el «consentimiento informado» para utilizar los datos, pero no para trasladarlos a otras entidades. En consecuencia, no puede transferir los números —definidos por ley como información sensible— al Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube) administrado por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). Sin los números de teléfono ya recabados por el Estado, la institución encargada de combatir la pobreza no puede localizar a las 147.000 familias para dotarlas de conectividad.

El daño, en la mayoría de los casos, será irreparable. Las desventajas sociales y económicas obstaculizarán la recuperación del tiempo perdido, no solo por la pandemia, sino también por las huelgas del 2018 y el 2019. Ofrecerles medios para limitar el perjuicio y recuperar a tantos cuantos sea posible es una altísima prioridad. No obstante, lo impide el supremo valor del «consentimiento informado», en cuyo altar estamos dispuestos a sacrificar la educación de 215.000 estudiantes.

Buena parte de las familias no saben en qué consiste ese consentimiento y ofreció su número al MEP sin reparos, con la expectativa de recibir apoyo estatal. La inmensa mayoría, es seguro decirlo, enfurecería si supiera que la educación de sus hijos sufre porque un Congreso incapaz de imaginar las consecuencias redactó una ley a cuyo tenor la política social no puede guiarse por el moderno análisis de datos. La normativa previó una burocracia para aplicar su letra sin mayores cuestionamientos, con poca sensibilidad y muchos desaciertos.

Si la ley produce resultados tan estúpidos como el de comentario, es urgente reformarla. A la estupidez se suma una indescriptible crueldad. Familias pobres dieron sus números de teléfono al MEP para recibir ayuda del Estado, y negarles la asistencia porque una institución estatal no puede compartir el dato con otra, a la sazón encargada de combatir la pobreza, es, al mismo tiempo, estúpido y cruel.

Según el MEP, la imposibilidad de compartir los números de teléfono «es una de varias causas», porque también pesan de manera decisiva la falta de infraestructura y la lentísima ejecución del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel). Es cierto, pero el caso de los teléfonos es inexcusable y se proyecta sobre otros ámbitos de la política social.

Juan Luis Bermúdez, presidente ejecutivo del IMAS, señaló lo obvio: contar con los números telefónicos facilitaría muchísimo la labor. En ausencia de esa información, acudieron a la base de datos propia para localizar a las familias e informar de sus necesidades a la Sutel. No obstante, en la mayoría de los casos los datos están desactualizados porque las familias de escasos recursos utilizan servicios prepago y cambian de número con frecuencia.

Eso sí, mientras conserven el número ofrecido al MEP, la ley y la Prodhab garantizan su absoluta confidencialidad, aun entre instituciones del Estado y al precio de la formación de sus hijos, de todas formas en riesgo por la pobreza y el perverso ciclo reproductor del bajo nivel educativo en las familias con poca formación.

La Asamblea Legislativa y la demagogia ya le exprimieron al manejo de datos hasta la última gota de beneficio electoral. Va siendo hora de tratar el problema con seriedad para beneficio de la política pública en las próximas administraciones. Urge una reforma para introducir la sensatez en esta materia.