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(Shutterstock)
La Cooperativa de Electrificación Rural de la Zona Norte (Coopelesca R. L.), distribuidora de electricidad en San Carlos, propuso a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) fijar una tarifa más competitiva para las empresas necesitadas de hacer uso intensivo de la energía. La intención de atraer inversiones a la zona es tan encomiable como inusual en un sector acostumbrado a administrar su monopolio sin más preocupaciones ni proyecciones.
La nueva tarifa para media tensión oscilaría entre $0,08 y $0,11 por kWh para «usuarios directos» (abonados que instalan su propio circuito de acceso a la red de suministro) con actividades de alto consumo. «Es necesario generar competitividad y reactivación de la economía del país y sobre todo en el área servida por la cooperativa», dice la petición dirigida a la Aresep.
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) no tardó en oponerse. Según la empresa estatal, la nueva tarifa podría confundir a sus clientes y crear distorsiones técnicas, pues, según su criterio, la petición de Coopelesca tiene escasa justificación técnica y de costos. La Cooperativa defendió su planteamiento, pero, independientemente del resultado, el caso vierte luz sobre las contradicciones de nuestro sistema.
Costa Rica se enorgullece, con razón, del altísimo grado de energía limpia generada y consumida en su territorio. En eso no debemos retroceder un palmo. Por el contrario, es preciso asegurar esa capacidad para el futuro, cuando el crecimiento y el abandono de los combustibles fósiles aumenten la demanda, por hoy satisfecha. No obstante, el logro ambiental se enarbola sin mayor referencia al costo de la energía y su efecto sobre la atracción de inversiones y el desarrollo.
En nuestro país, la electricidad es cara. Lo dicen los industriales y también las instituciones dedicadas a atraer inversiones. Lo dicen los productores capaces de competir en el mercado internacional pese a las altas tarifas, y lo dicen los consumidores domésticos. Ahora lo dice, también, Coopelesca, cuya nueva tarifa pretende remover un obstáculo a la inversión en su zona. ¿No deberíamos estar pensando lo mismo para el país como un todo?
La oposición del ICE no sorprende, como tampoco es inesperada la oposición de la industria energética estadounidense a una parte de la propuesta del presidente Joe Biden para hacer de la energía solar la principal fuente de electricidad en ese país. La idea es pasar del 4 % generado en la actualidad al 45 % en el 2050. Entre los componentes del plan está la promoción de la generación doméstica mediante paneles solares conectados a sistemas de almacenamiento. La administración ofrecerá incentivos fiscales y presionará a los gobiernos locales para acelerar la tramitación de permisos. Pero allá, como aquí, la industria establecida percibe una amenaza y se opone al cambio.
El problema estadounidense es diferente al nuestro. El gas natural y el carbón se utilizan para satisfacer el 60 % de la demanda eléctrica y el calentamiento global impone un cambio de rumbo. En aquel país, la generación está en manos de la empresa privada, no de un monopolio estatal, y la oposición a la generación doméstica se hace acompañar de promesas de establecer grandes operaciones de generación solar y eólica para mantener control del mercado. Con tal de salvar su preeminencia, las generadoras están dispuestas a acelerar el cambio, pero la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, afirma que ambas acciones son necesarias y rehúsa renunciar al estímulo de la generación doméstica.
El desafío de Costa Rica no es la generación limpia, sino competitiva. Para cumplir los objetivos trazados por Biden, los estadounidenses se proponen un replanteamiento de todo el sistema. ¿Es el ICE capaz de trazar planes igualmente ambiciosos para resolver el problema nacional no obstante sus intereses institucionales inmediatos?
