EscucharLa devolución parcial al Estado de frecuencias asignadas al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) no cumplirá a cabalidad el objetivo de permitir el desarrollo de la redes 5G. Costa Rica, en consecuencia, marchará a paso lento por la senda de la adopción de la tecnología de punta requerida para atraer inversiones y mejorar la competitividad.
La devolución anunciada deja al ICE en posesión de una cantidad desproporcionada del espectro y niega a posibles competidores privados la posibilidad de desarrollar sus redes a plenitud. La ventaja concedida al ICE, bien lo sabemos por experiencia histórica, no redundará en la acelerada puesta en funcionamiento de la nueva tecnología sino en todo el rezago posible para proteger las operaciones de la empresa estatal.
Con solo eximirse de concursar por las frecuencias, el ICE tiene una enorme ventaja, pero la devolución “parcial” tampoco se hará por partes iguales. El ICE entregará una fracción de las frecuencias asignadas y solo en determinadas bandas, creando condiciones poco atractivas para otros operadores. La medida anunciada se queda corta en dos dimensiones: la técnica y el respeto a la competencia en un mercado abierto.
En el aspecto técnico, las bandas de 1400 MHz, 2600 MHz, 3500 MHz y 26 GHz son indispensables para construir las redes 5G. Lo dice la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), que una y otra vez ha señalado la subutilización de las bandas asignadas al ICE. La empresa estatal dispone de 534 MHz. Sus dos competidores privados tienen solo 100 MHz cada uno. Las bandas de 2600 MHz y 3500 MHz son exclusivamente del Grupo ICE, y así seguirán de conformidad con el acuerdo anunciado.
La voracidad por ocupar espacio en el espectro y a duras penas renunciar a unos fragmentos tiene una sola explicación y es la segunda falencia del acuerdo de devolución de frecuencias. El acaparamiento y desperdicio limita la competencia por medios incompatibles con el mercado abierto.
Las frecuencias son propiedad del Estado y su administración debe estar a cargo del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), no del ICE. La solución negociada con ventaja para la empresa estatal no tiene sentido cuando la ley autoriza la recuperación mediante declaratoria de interés público.
En este caso, ese interés es completamente obvio. La tecnología 5G ofrece velocidades de hasta 10 gigabits por segundo y tiene un impacto revolucionario en los negocios digitales y en la aplicación de nuevas tecnologías en todos los campos, incluyendo la llamada internet de las cosas, que permite interconectar objetos de uso cotidiano con la red. Las redes 5G serán cada vez más necesarias para mantener la competitividad, atraer inversiones y mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos.
El tiempo perdido costará muy caro. En varias oportunidades hemos citado declaraciones de Elizabeth Arroyave Rojas, vocera de la Cámara Costarricense de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic), por su claridad en la definición del problema y la urgencia de la solución: “La liberación de frecuencias es solo un primer paso, muy importante por ser parte de la ruta crítica, pero no es el único. Aún faltan muchas acciones. El proceso desde la preparación de una licitación de espectro hasta su asignación, y por ende su ejecución, es largo, entre dos y cuatro años”. Más largo será todavía si el país no presenta condiciones equitativas para atraer a los desarrolladores de la vital tecnología. Ojalá no repitamos la historia de la internet de banda ancha o del monopolio de la telefonía celular.
