Editorial: De las ambulancias a los bonos de campaña: una contratación que exige respuestas
La cuestionada contratación de 40 ambulancias aduciendo una ‘urgencia’ que no era tal plantea interrogantes sobre el procedimiento utilizado y las razones para descartar ofertas nacionales más económicas
Así serían las 40 ambulancias que el Cuerpo de Bomberos pretende comprar a un consorcio brasileño por ¢6.500 millones. Expediente del Sicop
El Cuerpo de Bomberos de Costa Rica utilizó una dudosa contratación de urgencia para saltarse disposiciones de la Ley General de Contratación Pública y adjudicar, de manera directa, la compra de 40 ambulancias. Con esta excusa, la entidad invitó a participar a un único oferente –una alianza de dos empresas brasileñas–, a la que pagará $13,8 millones (alrededor de ¢6.500 millones al tipo de cambio actual).
El monto excede las propuestas de dos empresas nacionales que intentaron participar, pero fueron descartadas; incluso, una de ellas ofreció un precio inferior en $2,3 millones al monto finalmente aceptado. Además, los beneficiados carecen de experiencia en el mercado nacional de ambulancias, mientras los oferentes descartados sí la tienen.
SGSV Soluciones Tecnológicas Integradas S. A., parte del consorcio ganador, ha participado en el pasado en contrataciones públicas para nada relacionadas con ambulancias. Su papel parece haber sido, esencialmente, de intermediaria.
Cristian Rodríguez Villalobos, representante legal y director regional de ventas de SGSV, adquirió certificados por ¢43 millones; Hermmoth Rothe Paniagua, fiscal de la sociedad, compró otros ¢9 millones. Ambos aparecen, además, en los correos electrónicos relacionados con el trámite de la contratación de las ambulancias. Rothe confirmó la compra de los bonos y dijo que lo consideró una buena inversión, con un rendimiento del 15%. Estos vínculos no prueban por sí mismos una irregularidad, pero hacen todavía más urgente esclarecer cómo se gestó la adjudicación, quiénes intervinieron y qué controles se aplicaron.
Otra contratación pública en la que participó SGSV fue la licitación para la adquisición de los marchamos digitales por parte del Instituto Nacional de Seguros (INS), mediante un grupo denominado E-Pass, que estuvo muy lejos de la normalidad.
En declaraciones ante una comisión legislativa en 2024, y la Fiscalía en 2025, Mónica Araya, presidenta ejecutiva del INS entre mayo de 2022 y mayo de 2024, denunció presiones del entonces presidente, Rodrigo Chaves, para favorecer a ese grupo. “Adjudica el contrato o entrega el puesto”, fue su amenaza, según dijo a los fiscales. Tanto ella como el resto de la Directiva declararon desierto el concurso. La reacción no se hizo esperar: pese a que ya había presentado su carta de renuncia al cargo, Chaves la destituyó.
En el caso de las ambulancias, no existen elementos para documentar una urgencia que justifique saltar sobre los procedimientos normales de contratación pública. Lo único que hubo fue una disposición de la presidenta Laura Fernández, emitida el 31 de julio, en la que instruyó a Bomberos a fortalecer sus servicios de atención prehospitalaria. Pero no lo hizo ante un evento inesperado o una emergencia.
Si la necesidad de mejorar ese servicio existe, Bomberos debió haberla detectado con antelación y actuado sin quemar instancias, en el marco de la normalidad legal. Es decir, debió planificar. Si no lo hizo, fue por una falla muy grave, y por falta de adecuada supervisión del Instituto Nacional de Seguros (INS), del que depende, y del propio Poder Ejecutivo. Ante esto, las tres instancias deben rendir cuentas.
La actual presidenta ejecutiva del INS, Gabriela Chacón, alega desconocer detalles de la contratación. Sin embargo, el 7 de octubre, en una conferencia de prensa junto a la presidenta Fernández, anunció, con declarada subordinación a la orden presidencial, que la compra ya había sido hecha.
Si, más allá de su capacidad de reacción ante verdaderas emergencias, Bomberos acreditara una administración impecable y transparente, las inquietudes podrían reducirse. Sin embargo, sus instancias jerárquicas han estado muy lejos de eso.
En junio de 2022, la Fiscalía confirmó que investigaba a Héctor Chaves León, su director general, por presunto peculado, al usar $865 de la institución para pagar el viaje privado en avioneta de una funcionaria. El proceso penal no ha concluido.
En setiembre de 2024, junto a otro alto funcionario, fue acusado formalmente por ocho supuestos delitos del mismo tipo. La Fiscalía adujo el uso indebido de vehículos institucionales para manifestarse en las afueras de la Asamblea Legislativa contra un proyecto de ley que pretendía una redistribución de los fondos que recibe Bomberos por la venta de primas de seguro.
El despido de diez funcionarios “sin justa causa”, en junio de 2024, al amparo de un artículo de la convención colectiva que Araya, entonces presidenta ejecutiva, había pedido no aplicar, también ha sido objeto de fuertes críticas y fundados cargos de manipulación política. Uno de los destituidos fue el esposo de la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, que planteó serias denuncias contra el entonces presidente, Rodrigo Chaves. Tenía 28 años de servicio.
En febrero de 2025, el Tribunal Contencioso Administrativo dejó en firme una suspensión por ocho días a Chaves León solicitada por la Contraloría. La sanción se produjo por no evitar un sobreprecio en la adquisición del terreno que actualmente alberga una estación, al costado norte del parque José María Cañas, en San José.
En su comparecencia de 2024 ante la comisión legislativa, Araya reveló otra presión del presidente Chaves: decirle que estaba “prohibido destituir a Héctor Chaves”, algo que ella deseaba hacer a raíz de las denuncias por el vuelo de la avioneta. En mayo de ese año, durante una entrevista con La Nación, calificó los problemas de Bomberos como “reiterativos, constantes y crecientes”.
La compra directa de las 40 ambulancias expone mucho más que las deficiencias de gestión de Bomberos. La opacidad de la adjudicación y los nexos de dos representantes del consorcio ganador con el financiamiento del partido gobernante plantean preguntas que alcanzan al INS y al Ejecutivo. Ninguna de esas instancias puede refugiarse en el silencio ni trasladar a otros la responsabilidad de responder.
Héctor Chaves, de Bomberos; Gabriela Chacón, del INS, y la mandataria, Laura Fernández, están llamados a dar explicaciones. (Fotos: Archivo LN/Fotocomposición)
