Editorial

Editorial: Crimen y pandemia

Es doloroso ver teñida de rojo intenso la página correspondiente a nuestro país en el sitio del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Las soluciones, en el caso de la seguridad ciudadana, no parecen tan claras como con la pandemia, y no basta con dar continuidad a las políticas del momento

En la página de recomendaciones para viajeros del Departamento de Estado de los Estados Unidos, nuestro principal mercado turístico, hay cuatro colores para identificar el riesgo de viajar a un país. El primero es azul, y constituye un llamado a observar las precauciones usuales. El naranja advierte sobre la conveniencia de adoptar cuidados adicionales, el amarillo aconseja reconsiderar el viaje y el rojo pide no viajar. “Do not travel”, dice la contundente recomendación.

Para un costarricense, ver la página correspondiente a nuestro país teñida de rojo intenso es doloroso. La primera reacción es cuestionar el juicio de los funcionarios estadounidenses encargados de hacer la clasificación. El turista corre mayores peligros en otros países, tenemos un alto nivel de vacunación y ómicron está haciendo estragos en todo el mundo, comenzando por los Estados Unidos.

La lista de argumentos es tan larga como inútil. Haríamos mejor si nos fijáramos en las políticas requeridas para mejorar. En el frente de la pandemia, el programa de vacunación avanza y no hay motivo para esperar un comportamiento de la covid-19 distinto al de otras latitudes. La variante ómicron ha alcanzado el pico y comenzado el descenso con rapidez en Sudáfrica, y sigue una ruta similar en Estados Unidos.

Costa Rica puede ayudarse a salir de la nueva ola mediante el esfuerzo sostenido para extender la vacunación y la puesta en práctica de programas idóneos de control, incluido el código QR, cuya adopción pende, desde hace meses, de una medida “provisionalísma” dictada por un juez cuya parsimonia no es compatible con las rápidas reacciones exigidas por una emergencia sanitaria. Para preservar su crucial industria turística, nuestro país debe forjarse un lugar entre los mejores en la lucha contra la pandemia.

Con todo, es razonable confiar en una rápida salida de la emergencia, dadas las características de la ómicron, el avance de la vacunación y el curso de la enfermedad en países donde la nueva variante del virus llegó primero. El problema de la inseguridad ciudadana es diferente. La explicación del resurgimiento de la delincuencia oscilará entre los polos habituales del debate: por un lado, el agravamiento de las circunstancias económicas, en esta ocasión producto de la pandemia, y, por otro, la falta de capacidades de vigilancia y represión.

La solución no puede esperar la definitiva salida del bache económico creado por la pandemia y, no importa cuánto pese ese factor en la ola de delitos, es preciso ajustar las políticas de la policía a las circunstancias. En los primeros 25 días del año hubo 43 homicidios, 5 más que el año pasado, en el mismo lapso. Ya el número de homicidios del 2021 había aumentado en relación con el 2020.

Es imposible prever los resultados del 2022 a partir de los primeros 25 días, pero el dato preocupa. Los sonados casos de agresión contra visitantes extranjeros contribuyen a magnificar la sensación de inseguridad, tan considerable como la realidad misma, cuando el propósito es ofrecer al turista la tranquilidad exigida por la mayoría para tomar la decisión de viajar al extranjero.

A diferencia de la pandemia, en este caso, no podemos esperar una mejoría por el transcurso del tiempo, la evolución del mal y las políticas ya adoptadas. Las soluciones, en cuanto a seguridad ciudadana, no parecen tan claras y no basta con dar continuidad a las políticas del momento. Es necesario innovar, probar nuevas tácticas y, de ser necesario, intensificar la inversión en recursos policiales. Si el crimen aumenta y enraíza, puede ser peor que la pandemia en sus consecuencias económicas.

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