31 julio

La cartera de crédito es el componente vital del activo de un intermediario financiero, receptor de depósitos del público para prestarlos a empresas y personas físicas ya sea para inversión o consumo.

Si está suficientemente diversificada por montos, actividades de los deudores, zonas geográficas y monedas, los depositantes tienen poco que temer, pues el respaldo de sus depósitos es sano y estable.

Si la política de inversiones se concentra en pocos sectores, hay motivo para dudar de la calidad de la cartera.

Un riesgo notable en materia financiera es la concentración de los créditos en limitados clientes, o en grupos relacionados entre sí, pues los problemas de alguno de los miembros podrían contagiar a todos.

Por eso, la normativa prohíbe a los intermediarios prestar a un conglomerado empresarial más del 20 % de su capital y reservas.

Esa norma está en proceso de revisión porque la materialización de un riesgo de esa magnitud afectaría las utilidades del intermediario. Y ni que decir si se tratara de dos o más clientes grandes dedicados a la misma actividad.

Esa posibilidad llevó al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) a revisar la normativa en materia de riesgo crediticio y a exigir a las entidades supervisadas políticas internas para garantizar un manejo óptimo de ese riesgo. La modificación propuesta estuvo en consulta y el período para recibir observaciones expiró ayer.

Las precauciones adicionales son necesarias por el papel clave de la administración del riesgo a que están expuestas las entidades financieras, no solo de crédito, sino también operativo, de tasas de interés, tipo de cambio, lavado de dinero y de reputación, entre otros.

Por eso, la función corresponde a las juntas directivas de las entidades supervisadas. En consecuencia, la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) debe constatar que los directivos estén capacitados y tengan los estímulos adecuados para cumplir su importante función.

Las juntas directivas deben dedicar suficiente tiempo al análisis y contribuir activamente a la formulación de políticas y reglamentos.

La administración —gerencia, comités y analistas de crédito— también tiene responsabilidades claramente definidas y tanto las auditorías internas como las juntas directivas deben verificar que comprende el alcance de la normativa y la pone en práctica.

La regulación alcanza los posibles conflictos de intereses, capaces de inducir a acciones contrarias a la normativa, como cuando se analizan solicitudes de crédito de familiares de funcionarios y directores bancarios o de empresas relacionadas con ellos.

El análisis y administración prudente del riesgo financiero es una función especializada, que exige una combinación de conocimiento de técnicas cuantitativas, en particular de naturaleza estadística, y sentido común.

El riesgo lo constituye la volatilidad de los resultados esperados y, por tanto, su análisis es prospectivo. Lo pasado pasó, y lo que importa es lo que podría darse en el futuro previsible.

Cada entidad debe contar con una normativa propia, complemento de la oficial, emitida por el Conassif y cuya supervisión corresponde a la Sugef. La junta directiva y la administración superior deben verificar que todos los funcionarios la conocen y acatan.

La rotación de empleados, propia de los entes financieros, es una fuente potencial de problemas que debe ser atendida en todo momento para tener certeza de que los nuevos empleados se pongan rápidamente al día con la normativa institucional.

De nada valen buenos reglamentos y políticas, quizá redactados por expertos, si los encargados de ponerlos en ejecución los desconocen.

Desafortunadamente, todo lo anterior no basta. La pandemia de la covid-19 materializó un riesgo capaz de producir graves daños y muy difícil de prever por entidades financieras, reguladores y supervisores.

Su principal característica es su naturaleza sistémica, pues afectó a muchas unidades de negocios a la vez y dio al traste con la lógica de la diversificación de carteras.

Con más razón las entidades financieras deben asegurarse de que su capital y reservas se mantengan en niveles elevados.

En caso contrario, deben incrementarlos con nuevos aportes y, como mínimo, con la capitalización de las utilidades del período.