Editorial

Editorial: Consenso en la Municipalidad de San José

El Concejo capitalino contrató la asistencia de abogados externos para renegociar su convención colectiva y luego ignoró el criterio de los especialistas

La Municipalidad de San José contrató la asistencia de abogados externos para renegociar su convención colectiva y luego ignoró el criterio de los especialistas. Cuando los asesores recomendaron denunciar el acuerdo para someterlo íntegramente a discusión, el gobierno local tocó las puertas del Ministerio de Trabajo en busca de una respuesta menos contundente.

El Ministerio confirmó la legalidad de denunciar la convención por completo, pero señaló la posibilidad de una denuncia parcial. Nada hay de novedoso en ese señalamiento porque la denuncia parcial es un recurso bien conocido.

Los asesores externos lo saben, y cuando recomendaron la denuncia total, sin duda lo hicieron para fortalecer la posición negociadora de la Municipalidad en lugar de comenzar el proceso con una serie de concesiones ya consolidadas.

La práctica de construir nuevos acuerdos a partir de los beneficios incorporados al anterior es uno de los aspectos más criticados de la negociación de convenciones colectivas en el país. Garantiza el costo creciente de las prestaciones y la interminable expansión de los beneficios.

Esa es, también, una de las razones que condujeron a la declaratoria de inconstitucionalidad de varios excesos y a la limitación, mediante ley, de las nuevas concesiones.

Pero la administración municipal y, por supuesto, los sindicatos, no tardaron en adoptar la salida abierta por el Ministerio de Trabajo. La denuncia parcial dejó sobre la mesa de discusión únicamente 30 de los 64 artículos del acuerdo laboral.

El gobierno local prefirió desperdiciar los millones pagados por asesoría externa y aplicar el aspecto más pacífico del criterio vertido gratuitamente por el Ministerio de Trabajo.

La búsqueda de un segundo criterio apunta al deseo de no aplicar el primero. La decisión de ignorar la confirmación del consejo inicial de los asesores externos como un camino factible y en su lugar abrazar la posibilidad de una denuncia parcial, pese a la desventaja para la administración, confirma ese deseo y constituye una demostración clásica de otros reparos a la negociación colectiva en el sector público: las concesiones no se hacen con dinero propio sino de la colectividad, y el deseo de mantener las mejores relaciones entre los participantes es un fuerte incentivo para ceder.

No sorprende, entonces, la admisión de la alcaldesa, Paula Vargas Ramírez, sobre la participación de los sindicatos en la inobservancia del criterio de los asesores externos: “La decisión de la denuncia parcial fue tomada por todas las partes: administración, sindicatos y Concejo, de manera consensuada, bajo los criterios legales correspondientes y conforme a derecho”, afirmó la jerarca municipal.

La administración es la titular de la facultad de denunciar la convención colectiva, pero en la Municipalidad de San José esa potestad se ejerce en conjunto con los sindicatos y, posteriormente, las autoridades celebran el consenso. Eso podría explicar por qué entre las cláusulas no denunciadas figura el pago de dietas a los representantes sindicales en la Junta de Relaciones Laborales.

Las reuniones a veces no pasan de 30 minutos y 11 líderes sindicales cobran entre ¢92.000 y ¢183.000 cada uno por su asistencia. Hay 6 sesiones al mes y los participantes ganan hasta ¢12,6 millones al año, además de sus salarios habituales.

La Junta es creación de la convención colectiva, y otras instituciones públicas carecen de organismos similares, pero figura entre los beneficios no denunciados por acuerdo de “todas las partes: administración, sindicatos y Concejo, de manera consensuada”.

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