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Poco tardaron las municipalidades en concederle razón, con los hechos, a los críticos de la reforma impulsada por el Congreso para eximirlas de la regla fiscal en el gasto de los recursos no transferidos por el Gobierno Central, es decir, en el grueso de sus ingresos. Un estudio de la Contraloría General de la República detectó una tasa de crecimiento promedio del 21% en 37 gobiernos locales.
El aumento es cinco veces más grande que el tope establecido por la regla fiscal (4,13% para el 2021). La función del límite es frenar el gasto dependiendo del nivel de la deuda pública y del crecimiento de la economía. Las municipalidades, como las demás instituciones, debían respetarlo, pero desde el primer día hicieron cuanto estuvo a su alcance para lograr la exención finalmente conseguida en mayo del 2020, con ayuda del «municipalismo» residente en el Congreso, pese a las objeciones del Ministerio de Hacienda, la propia Contraloría y el Banco Central.
Durante el primer semestre del 2021, la Municipalidad de Turrialba gastó ¢3.420 millones, un 142% más que los ¢2.000 millones del mismo periodo del año pasado. Fue el Concejo más dispendioso, pero también destacan Montes de Oro, en Puntarenas, con un 60% de aumento y Turrubares, con un 49%. Les siguen Aserrí (35%), Santa Bárbara (35%), Limón (35%) y Naranjo (35%). Hubo municipalidades más ordenadas, pero las 37 más salidas de orden representan casi la mitad de los 82 concejos.
La regla fiscal procura frenar el gasto corriente (salarios, servicios, transferencias e intereses) y es más flexible con los gastos de capital, como la inversión en infraestructura. No obstante, los recursos destinados a construir obra pública más bien se redujeron en un 12,1%, en relación con el mismo periodo del año anterior. Es un resultado exactamente inverso al pretendido por la regla fiscal.
El informe de la Contraloría no deja de reflejar preocupación por la futura solidez de los concejos: «Si bien es cierto que los gobiernos locales quedaron excluidos de la aplicación de la regla fiscal, corresponde a las autoridades municipales asegurar la sostenibilidad de los servicios públicos en el largo plazo conforme a la técnica y legalidad presupuestaria, a fin de que la administración adopte medidas austeras, sostenibles y equilibradas entre los recursos disponibles y sus implicaciones futuras», dice el informe.
Otro estudio del ente contralor hacía prever los excesos. Entre el 2010 y el 2020, 67 municipalidades aumentaron el gasto en remuneraciones en más de un 100%. Algunas alcanzaron crecimientos hasta del 437%, como sucedió en Los Chiles, donde las remuneraciones pasaron de ¢197 millones a ¢1.058 millones en esa década.
La excepción a la regla establecida por la reforma fiscal del 2018 se aprobó argumentando la necesidad de recursos para enfrentar la crisis causada por la pandemia de la covid-19, pero no se limitó a la duración de la crisis sanitaria. La excepción es permanente, lo cual magnifica las preocupaciones planteadas por la Contraloría.
La reforma permitió a los ayuntamientos romper temporalmente otros límites al gasto administrativo establecidos en legislación municipal. En el 2020 y en el 2021, podrán aumentar del 40% al 50% el porcentaje de los ingresos ordinarios destinados a gastos administrativos y subir del 10% al 40% la porción del impuesto sobre bienes inmuebles destinado a ese tipo de gastos, pero la regla fiscal quedó definitivamente desechada, salvo el pequeño porcentaje de ingresos municipales correspondientes a transferencias del Gobierno Central.
No hubo una justificación técnica de las razones para flexibilizar el gasto corriente. Se impuso la política y el peso de los gobiernos locales en la vida interna de los partidos y los procesos electorales. Quizá el análisis posterior del uso dado a la herramienta sirva para replantear la discusión con mayor criterio técnico.
