Según el vicepresidente Stephan Brunner, la esencia del plan para acabar con el exceso de trámites es crear mecanismos de comunicación entre las instituciones públicas. Tiene razón, pero también urge establecer esos mecanismos dentro de las entidades estatales.
Ese, si se quiere, es un paso previo para comenzar a recorrer el camino hacia el ideal de las ventanillas únicas y la erradicación de la manía de exigir el mismo documento en cada trámite.
Durante la peor parte de la pandemia, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) invitaba a quienes carecían del Expediente Digital Único en Salud (EDUS) a trasladarse personalmente a la clínica correspondiente para inscribirse y activar la aplicación.
Todo intento de hacerlo mediante la aplicación misma recibía instrucciones para presentarse en persona, sin importar el riesgo de contagio ni el insistente “quédese en casa” de aquellos días.
“No hemos encontrado ningún correo electrónico asociado a su persona en nuestro sistema. Por seguridad de su información personal, es necesario que se dirija al establecimiento de salud de la CCSS más cercano para actualizar sus datos”, era el mensaje automático dirigido a quienes intentaban registrarse desde el app.
Pero la CCSS tiene las direcciones de correo electrónico de la mayor parte de la población. Tampoco necesita ser informada personalmente del número de teléfono celular y fijo, el lugar de residencia, el estado civil y el nombre de familiares directos. Asegurados, patronos y pensionados brindan esa información cada vez que interactúan con la entidad.
Una persona puede ser asegurada por su empresa, patrona de una empleada doméstica, trabajadora independiente y pensionada al mismo tiempo, además de recibir la orden patronal digital por medio de correo electrónico, pero de todas formas se le informa acerca de la imposibilidad de encontrar un “correo electrónico asociado a su persona” para efectos de activar el EDUS.
En todas las condiciones descritas, el ciudadano debe proveer información sobre sí mismo y, en el caso de la orden patronal, huelga decirlo, la prueba del “correo electrónico asociado a su persona” está en la recepción mensual del documento y otras notificaciones, como el llamado a presentar la planilla. Si la CCSS es incapaz de ligar al usuario con un correo electrónico para activar el EDUS, es porque sus sistemas no se comunican entre sí.
El caso es particularmente dramático cuando se analizan las circunstancias impuestas por la pandemia, la contradictoria insistencia en la necesidad de quedarse en casa, promovida por la propia CCSS, y la demostrada dificultad de simplificar trámites bajo un mismo techo.
Para ponerle la guinda al pastel, es obligación presentarse con un recibito de agua, luz o teléfono en la mano para probar el domicilio registrado infinidad de veces en las numerosas bases de datos.
La tarea es inmensa dentro del Seguro Social, donde acaba de salir a la luz, una vez más, la utilización de un sistema arcaico para administrar la enorme planilla. El programa, basado en el lenguaje informático Cobol, es una reliquia desechada hace décadas que depende de cinco funcionarios a punto de pensionarse. La simplificación de trámites, sin embargo, implica la comunicación entre la totalidad de las instituciones públicas, como bien lo señaló el vicepresidente Brunner. Eso magnifica el reto.
En vista de la cantidad de trámites y requisitos se prevé que los esfuerzos anunciados por el Poder Ejecutivo no serán inútiles. Mucho se puede hacer mediante la simple eliminación de obstáculos; no obstante, la solución exige un replanteamiento de la gestión informática del Estado y el progreso hacia la ciudadanía digital.
La legislatura pasada creó una entidad capaz de ser embrión del cambio, la Agencia Nacional de Gobierno Digital, pero no ha pasado del cascarón. Quizá el comienzo de una administración sea momento propicio para integrarla al esfuerzo de simplificación.