El cierre de vías y la interrupción del tránsito de bienes y personas como medio de protesta no encuentra asidero en la ley de ningún país democrático, incluido el nuestro, pero aquí la Sala Constitucional debe recordárselo, no una sino varias veces, a las autoridades, comenzando por los más altos niveles del Ejecutivo.
Ya la Sala se había pronunciado contra el cierre arbitrario de vías, aunque hizo hincapié en la necesidad de armonizar la libertad de tránsito con el derecho a protestar. Una calle puede ser cerrada en tanto sea necesario para permitir la manifestación de protesta, pero el cierre no puede ser, en sí mismo, el medio para expresar agravios o exigir concesiones.
Los magistrados volvieron sobre el tema a raíz de dos recursos de habeas corpus planteados contra los bloqueos ejecutados en junio y julio para impedir el acceso al Atlántico y Pérez Zeledón, entre otros lugares. El cierre de vías lo hicieron grupos de transportistas y estudiantes, en ambos casos poco representativos de sus sectores, pero capaces de impedir el tránsito, lo cual no requiere de una participación masiva.
Los manifestantes nunca mostraron claridad sobre los motivos de la protesta. Por el contrario, sus declaraciones siempre evidenciaron una tremenda confusión. No obstante, el gobierno les entregó la cabeza de un ministro y los recibió para conversar al más alto nivel sobre sus mal fundadas peticiones. Ahora, la Sala Constitucional le recuerda su obligación de impedir el atropello de los derechos del resto de la población, una nutridísima mayoría.
La Policía de Tránsito y el Ministerio de Seguridad debieron levantar los bloqueos con medidas eficaces y proporcionadas para permitir el libre tránsito, un derecho de igual valor en nuestro ordenamiento jurídico, cuya existencia representa un límite para el legítimo ejercicio de la protesta.
Pero el cierre de vías, sobre todo de las más transitadas, lesiona otros derechos e intereses. Durante el episodio de medio año, los trabajadores de fincas agrícolas debían regresar a sus casas sin ganarse el jornal de la cosecha porque los productores temían perder el producto durante el transporte. Los temores estaban justificados porque la pérdida de exportaciones ascendió a miles de millones. Empresarios y trabajadores del turismo, como los del Caribe sur, por ejemplo, sufrieron mengua en sus ingresos por la cancelación de reservaciones y la salud de muchos se vio afectada por cuanto los especialistas no tenían posibilidad de llegar a ellos o los cierres de vías impedían su traslado a hospitales.
Los magistrados enumeraron esas y otras inaceptables consecuencias para asentar la ilegitimidad de los cierres de vías aunque existan rutas alternas. Los daños son más grandes cuando se considera la nimiedad de los reclamos: la educación dual no es un medio para explotar mano de obra infantil, como bien lo saben los manipuladores de los estudiantes partícipes de los bloqueos; el ministro dejó el cargo, pero sus políticas, como las pruebas FARO, no fueron canceladas. Ya nadie habla de los baños “neutros” y los traileros perdieron su inédito interés en la política educativa.
Las sentencias no pueden, sin embargo, infundir al Poder Ejecutivo la voluntad de cumplimiento. Eso dependerá de los gobernantes. Las exigencias de la ciudadanía ya tenían precedentes judiciales sobre los cuales basarse. No podemos adivinar si uno nuevo concentrará la atención de los gobernantes sobre el clamor de un país harto de abusos. Ojalá así sea. Pronto lo sabremos porque, a fuerza de práctica, la impune violación de los derechos ajenos se ha convertido en un recurso fácil para hacer de la ciudadanía rehén de todo reclamo.